Cuestionado por el amparo prestado a los curas acusados de ultrajes, el obispo Luis Urbanc creó en enero de 2020 una Comisión de Abusos Sexuales en el seno de la Iglesia catamarqueña.
El instituto no generó entre las víctimas y quienes las respaldaban el entusiasmo que sus promotores esperaban. Demandaba un “salto de fe” excesivamente largo, pues la evidencia empírica acumulada hasta ese momento abonaba la convicción de que la protección a los sacerdotes acusados de ultrajes era dogma.
Si se exceptuaba el blindaje en torno a los sospechosos y alguna manifestación de Urbanc menos dirigida a procurar esclarecimientos que a cuidarles el cuero, la Comisión era de todos modos el primer gesto institucional concreto que asumía la Iglesia de Catamarca sobre el asunto. Desde el estallido del primer caso, en 2014, apilaba tres miembros encartados por abuso, en procesos que eran un catálogo de mañas leguleyas: Renato Rasguido, Juan de Dios Gutiérrez y Moisés Pachado.(https://www.youtube.com/watch?v=B1e8Mcfn8RE&t=55s)
Sintonizaba, además, con la derogación del secreto pontificio por parte del Papa Francisco, que habilitaba a la Iglesia a compartir denuncias, testimonios y documentos procesales relativos a los casos de ultraje.
No se conoce una sola acción que haya surgido de la corporación eclesiástica para contribuir a la sanción de los sacerdotes procesados por abuso sexual
Reservas
Alejandra, madre de la adolescente que había denunciado al cura Gutiérrez y fundadora de la ONG “Latidos sin Pausa”, que integra la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, expresó en ese momento sus reservas.
“Ellos mismos van a estar, van a seguir escondiendo ¿Dónde está la confianza de que se manejen con imparcialidad? Es como para dar un poco de tranquilidad, con tantos casos que hubo. Es como decir ‘bueno, vamos a participar en algo’. Entonces se guardan la posibilidad de manejar todo”, consideró.
La mujer se refirió a un documento elaborado por la Red luego de que el Papa, en mayo de 2019, publicó la Carta Apostólica “de Motu Proprio ‘Vos estis lux mundi’». El documento se había publicado en agosto e incluía un protocolo de 11 puntos con recomendaciones tendientes a evitar la manipulación y revictimización de quienes se decidieran a denunciar en sede canónica.
“Las medidas que la Iglesia Católica ha llevado y lleva a cabo para solucionar el problema que representan las víctimas de abuso eclesiástico –señaló la Red- están destinadas a blindar la institución, mantener el sistema de protección de pederastas y evadir el cumplimiento de exhortaciones de organismos internacionales”, mediante “una fina manipulación emocional, cosificando, humillando, aislando a las víctimas de su entorno afectivo”.
La mayor parte de los relatos de las víctimas que acudieron a la Iglesia coincide, añadía, “en que las devoluciones que les hacían afirmaban que estaban atravesando una crisis de fe o de vocación. De este modo aparece otra vez el castigo, el no creerles, el acallarlos, el desdecirlos, el confundirlos».
Era una exacta descripción de la conducta seguida por la Iglesia de Urbanc. La impresión era que la Comisión creada por el Obispo sería otro engranaje en el dispositivo de la impunidad, para tratar de sustraer a los curas abusadores de los procesos judiciales ordinarios.
A dos años del anuncio, tal presunción sigue firme. No se conoce una sola acción que haya surgido de la corporación eclesiástica para contribuir a la sanción de los sacerdotes procesados.
Condena
La condena a 12 años de prisión contra Juan de Dios Gutiérrez por el abuso de una adolescente de 16 años fue confirmada en diciembre por la Corte de Justicia de Catamarca, pero el exsacerdote continúa en libertad y todavía tiene la opción de recurrir la sentencia ante la Suprema Corte de la Nación.
Según el fallo del máximo tribunal local, “Gutiérrez se valió de su investidura sacerdotal para dominar y manipular la psiquis y los sentimientos de la adolescente, aprovechándose del estado emocional de vulnerabilidad en el que se ella encontraba”.
“Inventó astutamente esa historia de padre-hija, buscando distintas oportunidades para estar a solas con la víctima, envolviéndola con su picardía y confundiéndola, a la vez que la fue aislando de su entorno para ser él el centro de su vida. Ante este escenario, quedó demostrada la forma maliciosa en que la inició sexualmente, con una perversidad propia de un manipulador y egocéntrico que solo tenía interés en satisfacerse y gratificarse sin importar las consecuencias”, dicen los fundamentos de la sentencia.
Gutiérrez conducía el movimiento juvenil de la parroquia de Belén.
En el facebook de su hija, Alejandra descubrió más de 10.000 mensajes eróticos intercambiados con el cura. Lo denunció por abuso en 2015 y estuvo detenido durante 35 días.
En Belén se hacían marchas después de misa para respaldarlo, que terminaban con pedidos de libertad en el atrio de la iglesia. Cuando lo liberaron, una multitud lo esperó a la salida de la comisaría y lo celebró como un héroe popular.
Este ataque comunitario complementó las maniobras de Urbanc para tratar de neutralizar el escándalo. Alejandra reveló que el Obispo le había dicho que no creyera en la justicia terrena, porque la justicia la impartiría él.
Condena social a la víctima, defensa por parte de la Iglesia de los victimarios. El mismo mecanismo funcionó en los otros dos casos.
El cerco de la impunidad
Renato Rasguido fue acusado en 2014 por violar a un adolescente mientras se desempeñaba como párroco en Andalgalá. La familia del muchacho fue hostigada por parte de la comunidad andalgalense de modo tan sistemático que tuvo que emigrar. La madre del joven ultrajado aseveró que la Iglesia le ofreció dinero para callar.
Condena social a la víctima, defensa por parte de la Iglesia de los victimarios. El mismo mecanismo funcionó en todos los casos de abuso eclesiástico de catamarca
Ingrid Figueroa Cruz denunció a fines de 2018 que el sacerdote Moisés Pachado la había sometido a ultrajes casi dos décadas atrás en Hualfín, Belén, cuando tenía solo 9 años.
Ya adolescente, le había contado los hechos a un sacerdote de apellido Olivera y luego a su madre, pero su sufrimiento no encontró eco y, estigmatizada, tuvo que escapar de Belén. Le llevó tres lustros rearmarse anímicamente para acudir a la Justicia.
Al rechazar la prescripción de la causa, el juez belicho Oreste Piovano dijo que en su momento la chica no había conseguido conmover a ningún adulto y se había quedado sin el amparo judicial.
“Ella pertenece a esta identificación de los pañuelos verdes, a favor del aborto y manejada por la ideología de género y rechazo a la Iglesia”, dijo Pachado al desmentir las acusaciones.
El expediente Rasguido lleva siete años de deriva judicial. El sacerdote ha sorteado tres elevaciones a juicio.
Pachado va para los tres y su defensa insiste con la prescripción.
La Comisión de Abusos Sexuales de Urbanc, mientras, no se ha pronunciado sobre ninguno de los aberrantes episodios.
La condena a Gutiérrez es la primera dictada en Catamarca contra un sacerdote abusador. Por ahora, solo una polilla en la sotana del clero cómplice.
