Irving Picard recuperó la mayor parte de los fondos producto de la estafa piramidal montada por Bernard Madoff avanzando sobre los inversores que habían lucrado con ella. El enfrentamiento del Juzgado Federal catamarqueño con la fiscal cordobesa Valeria Rissi evolucionó a un escándalo que pone en capilla a todo el sistema judicial de Catamarca.
La expeditiva gestión del expediente Bacchiani que lleva adelante la fiscal de Delitos Complejos de Córdoba, Valeria Rissi, extendió la zozobra en Catamarca más allá de los damnificados por la estafa que recorren todas las noches en raid de escrache los domicilios de los financistas y sus allegados para terminar en la sede de la Policía Federal donde permanecen detenidos Edgar Adhemar Bacchiani y dos de sus ejecutivos.
El caso, que Rissi lleva adelante a ritmo vertiginoso, puso en capilla no solo al Juzgado Federal de Catamarca sino a toda la Justicia provincial.
Para atajarse de las esquirlas del escándalo, la Dirección de Sumarios de la Corte de Justicia abrió una investigación por la denuncia del arquitecto Fernando Rivera en base a un elemento.
grotesco. Varios funcionarios del Poder Judicial, fiscales entre ellos, figuran en fotografías de un torneo de fútbol realizado el año pasado en San Juan vistiendo camisetas con el sponsoreo de “Adhemar Capital”, la financiera de Bacchiani. El equipo del Colegio de Abogados local, que salió campeón, fue capitaneado por el secretario del juez Federal Miguel Contreras, Luis Baracat, que hacía de arquero.
La directora del Registro de la Propiedad Inmobiliaria, por su parte, radicó una denuncia penal por la presunta adulteración de los registros de los bienes de Bacchiani con el propósito de sustraerlos de embargos de la AFIP y los acreedores.
La metástasis es devastadora.
¿Qué sabe Rissi?
La incógnita atormenta no solo a los miembros de la Justicia provinciana.
La fiscal, un elemento ajeno al ecosistema catamarqueño, incontrolable, podría tener ya en su poder la nómina de los inversores de “Adhemar Capital”, con el flujo de ganancias y pérdidas.
Es información crítica, con un impacto potencial demoledor por la identidad de los involucrados.
¿Qué sabe Rissi? La expeditiva fiscal cordobesa podría tener ya en su poder la nómina de los inversores de “Adhemar Capital”, con el flujo de ganancias y pérdidas. Es información crítica, con un impacto potencial demoledor por la identidad de los involucrados
Dame el expediente
Los federales catamarqueños consiguieron el viernes 22 de abril adelantarse en la detención de Bacchiani.
Rissi la había requerido antes desde Córdoba, pero no se resignó a la primereada de sus colegas y avanzó con el allanamiento de la casa matriz de “Adhemar Capital” en Catamarca y el domicilio de su titular.
La fiscal sumó el producto de esos allanamientos a los datos ya recolectados en el expediente por estafas reiteradas, que conformó en Córdoba en menos de dos meses, y arrebató de este modo el control del caso y la iniciativa judicial al juez federal Miguel Contreras y los fiscales Santos Reynoso y Rafael Vehils Ruiz, que hasta las detenciones habían logrado mantenerlo encapsulado.
Las medidas cruzadas expusieron el litigio por la prioridad en la investigación.
Horas después de su ejecución, el abogado de Bacchiani, Lucas Retamozo, y el de los que reclaman deudas, Alfredo Aydar, hicieron dos planteos “mellizos”, idénticos hasta en los errores de tipeo, pidiendo al juez federal y a la justicia de Garantías provincial que hagan lo necesario para procurar que la causa se desarrolle en Catamarca.
Ambos calificaron la intervención de Rissi como arbitraria, aventurada y obstruccionista.
El fiscal federal Reynoso se pronunció en idéntico sentido en declaraciones a la prensa que dio luego de las indagatorias a Bacchiani y sus laderos.
La respuesta de la Justicia cordobesa fue monolítica y rotunda.
El presidente del Superior Tribunal de Justicia de esa provincia, Sebastián López Peña, recurrió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, que también preside el Consejo de la Magistratura. Le solicitó que evalúe la conducta de Contreras, Reynoso y Vehils Ruiz, porque supone que la detención de Bacchiani se concretó para entorpecer la investigación mediterránea y protegerlo.
En este contexto, el abogado de Bacchiani y los damnificados informaron sobre un “acercamiento” para acomodar las deudas.
Este acuerdo, de celebrarse, no debería afectar la causa federal, que es por “intermediación financiera sin autorización en concurso ideal con lavado de activos y defraudación, todo en concurso real con el delito de asociación ilícita”.
¿Si Bacchiani arregla con sus acreedores desaparece el lavado de activos y la asociación ilícita? Otro gran interrogante.
Son esas dos figuras las que justifican la competencia federal catamarqueña.
El razonamiento de Irving Picard fue simple: las ganancias emergentes de un método ilícito son también ilícitas. De tal manera, o los que habían lucrado pactaban con el fideicomiso devolver lo ganado, o quedaban a tiro de una acusación como partícipes necesarios de la estafa de Bernnie Madoff
La doctrina Picard
Los entreveros leguleyos de competencia incuban una posibilidad inquietante: que Rissi involucre en la causa por estafas reiteradas de Córdoba a los inversores que obtuvieron ganancias del esquema montado por Bacchiani. Es lo que preocupa a los más avisados.
Con un respaldo de la corporación judicial de su jurisdicción de la que los federales catamarqueños carecen, la fiscal tiene a su favor un precedente célebre: el caso Madoff, la estafa piramidal más grande de la historia, que el financista Bernard Madoff, muerto el 14 de abril del año pasado mientras purgaba una condena de 150 años de prisión, desplegó a lo largo de dos décadas hasta caer en 2008.
El juez federal de distrito del Distrito Sur de Nueva York, Lawrence McKenna , designó al abogado Irving H. Picard al frente del fideicomiso armado para resarcir a las víctimas del fraude.
Picard aplicó una estrategia de eficacia letal para recuperar el dinero estafado. Aparte de Madoff, su familia y cómplices directos, avanzó sobre quienes habían logrado utilidades con el sistema fraudulento, aún cuando alegaran haber actuado de buena fe.
El razonamiento del abogado fue simple: las ganancias emergentes de un método ilícito son también ilícitas. De tal manera, o los que habían lucrado pactaban con el fideicomiso devolver lo ganado, o quedaban a tiro de una acusación como partícipes necesarios de la estafa.
Picard recuperó más del 80% de los fondos.
Con la lista de los inversores catamarqueños en su poder, ¿qué hará la aguerrida fiscal Rissi?
La original doctrina Picard podría replicarse en la Argentina. Córdoba es el corazón de la pelea. Allí está también bajo investigación, en Villa María, Leonardo Cositorto, ideólogo y propietario de Generación Zoe.
La metástasis de las criptoestafas no se detiene.
Todo el sistema judicial catamarqueño entró en pánico.
