Bacchiani puso en jaque al fuero federal

El malestar social por las criptoestafas piramidales crece ante una Justicia Federal cercada por cuestionamientos de sus pares que llegaron hasta la Suprema Corte y el Procurador General de la Nación.

El “expediente Bacchiani” hizo escalar hasta la Corte Suprema de Justicia y la Procuración General de la Nación la fractura entre el juez federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras, y los fiscales Santos Reynoso y Rafael Vehils Ruiz.

El juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay informó al Procurador General de la Nación que el Ministerio Público Fiscal Federal de Catamarca le negó acceso a los expedientes de “RT Inversiones” y “Stratton Sierra”, dos financieras bajo sospecha por desarrollar el mismo método de criptoestafas piramidales que “Adhemar Capital”, de Edgar Adhemar Bacchiani.

Esta resolución se suma a una queja que el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, Sebastián López Peña, había elevado 48 horas antes al presidente de Suprema Corte y el Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, por supuestas maniobras desplegadas por el fuero federal catamarqueño para obstaculizar el proceso contra Bacchiani que instruye la fiscal de Delitos Complejos de esa provincia, Valeria Rissi.

Argibay quedó a cargo de las causas RT y “Stratton Sierra” porque el juez Contreras se apartó debido a su amistad con Edgardo Bulacios, propietario de la primera. Como no tuvo respuestas a dos pedidos para que los fiscales le giren los expedientes, viajó a Catamarca personalmente para tratar de informarse. Pero se lo impidieron.

El juez federal Sebastián Argibay informó al Procurador General de la Nación que el Ministerio Público Fiscal Federal de Catamarca le negó acceso a los expedientes de dos financieras bajo sospecha por desarrollar el mismo método de criptoestafas piramidales Edgar Bacchiani

Según el juez santiagueño, “el fiscal federal  (no identificó cuál) se retiró llevándose consigo nuevamente las actuaciones sin realizar ninguna manifestación” cuando le hizo decir que no lo atendería hasta interiorizarse de las medidas realizadas hasta ese momento.

“El desatino apuntado no solo constituye una descortesía para con el suscripto, sino que además podría constituir -al menos- una infracción disciplinaria que debe ser evaluada por la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal de la Nación”, señaló en la resolución donde dispuso reiterar los pedidos de remisión de los expedientes y “poner en conocimiento del Procurador General de la Nación y del Fiscal General de la Cámara Federal de Tucumán lo acontecido”.

Finalmente, los expedientes fueron girados a Santiago del Estero luego de que el extraño episodio tomó estado público.

Dos días tarde

El incidente enrarece aún más el clima que rodea la peripecia judicial catamarqueña en torno a Bacchiani, en tensión por la disputa de competencia entre los federales y la Justicia provincial de Córdoba, que circunscribe su radio de acción a las estafas reiteradas.

El fiscal federal  de Catamarca, Santos Reynoso, abrió de oficio una “investigación preliminar” para determinar si existían elementos suficientes para encartar al “Trader God” el 16 de septiembre de 2020.

Contra los 19 meses que demandó la “investigación preliminar” del Ministerio Público Fiscal Federal de Catamarca hasta la apertura de la causa contra Bacchiani, contrasta el ritmo vertiginoso que la fiscal Valeria Rissi imprimió a los trámites en Córdoba

Recién 19 meses más tarde, el 21 de abril pasado, él y Vehils Ruiz pidieron a Contreras la detención domiciliaria del investigado y parte de su línea ejecutiva en “Adhemar Capital”. El juez ordenó de inmediato la medida, aunque con cumplimiento en la sede de la Policía Federal.

Los fiscales catamarqueños movieron dos días después de que su colega de Delitos Complejos de Córdoba, Valeria Rissi, pidiera a la jueza exactamente lo mismo que ellos y, además, los allanamientos de la casa matriz de “Adhemar Capital” en Catamarca y el domicilio de Bacchiani.

Los federales se quedaron con los presos, pero Rissi se llevó el producto de los allanamientos y tomó la delantera en la iniciativa judicial.

Contra los 19 meses que demandó la “investigación preliminar” del Ministerio Público Fiscal Federal de Catamarca hasta la apertura de la causa, contrasta el ritmo vertiginoso que Rissi imprimió a los trámites en Córdoba: primeras denuncias el 23 de febrero; allanamiento a la sucursal de “Adhemar Capital” en el Cerro de las Rosas el 9 de marzo; interrogatorio y caución de 40 millones de pesos a Bacchiani el 22 del mismo mes; pedido de detención y allanamientos el 19 de abril.

El “Trader God” fue trasladado de Catamarca a Córdoba e indagado por Rissi este viernes, 29 de abril. Volverá para ampliar su indagatoria en Catamarca el lunes, pero se anticipan nuevos viajes: 400 denuncias se sumaron a las 18 sobre las que la fiscal interrogó al reo.

La colega de Reynoso y Vehils Ruiz tardó solo dos semanas en allanar la sede del negocio de Bacchiani en Córdoba y hacerse de un corpus probatorio que el fuero federal no atinó a resguardar en la terminal catamarqueña del fraude.

Argibay se curó en salud. No quiere quedar en la misma posición que ahora está Contreras por no haber presionado oportunamente a los fiscales para controlar la causa Bacchiani desde un principio, de modo que denunció ante la Procuración General de la Nación la reticencia de los fiscales federales a abrirle el juego en los casos de “RT Inversiones” y “Stratton Sierra”.

La fiscal de Delitos Complejos tardó solo dos semanas en allanar la sede del negocio de Bacchiani en Córdoba y hacerse de un corpus probatorio que el fuero federal no atinó a resguardar en la terminal catamarqueña del fraude

Interna feroz

La “crisis Bacchiani” se inscribe en una feroz interna entre los fiscales y el juez federal.

En diciembre del año pasado, Reynoso, Vehils Ruiz y el fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, recusaron a Contreras en una causa por narcotráfico con el argumento de que había hecho una valoración sesgada de las pruebas para dictar la falta de mérito del abogado y ex camarista provincial Juan Pablo Morales.

El fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Gustavo Gómez, coincidió con estos planteos en su dictamen y calificó lo actuado por Contreras como de “extrema gravedad institucional”, no solo por la interpretación arbitraria de los elementos probatorios, sino también porque consintió que su secretario, Luis Baracat, actuara mientras se desarrollaba la investigación y se inhibiera después de los allanamientos y detenciones alegando su amistad con Morales.

“Recién después de 600 páginas el responsable de la Secretaría Penal bajo cuyo control se ha despachado este expediente da a conocer su vínculo con quien a posteriori resulta beneficiado con una falta de mérito”, señaló el fiscal tucumano.

Cuatro fiscales y la corporación judicial cordobesa, monolítica, contra el juez Contreras.

Un juez santiagueño debe cruzar fuerte a Reynoso y Vehils Ruiz para ejercer su prerrogativa de monitorear las indagaciones de las criptoestafas piramidales: la furia de los defraudados crece en Catamarca ante un fuero federal cercado por críticas de sus propios pares.






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