El volumen y la consistencia de la movilización piquetera es emergente de una dirigencia política enajenada.
El campamento frente al Ministerio de Desarrollo Social marca la reanudación de las hostilidades de las organizaciones sociales y piqueteras con la burocracia política que emergieron en la campaña electoral del medio término. Con una inflación que escala imperturbable y las proyecciones del acuerdo con el FMI demolidas por las derivaciones económicas de la guerra en Ucrania, exigen la ampliación de programas de empleo, subsidios y recursos para los comedores populares.
La movilización implica en este marco la continuidad de una polémica abierta el año pasado, cuando La Cámpora advirtió que la política social no podía permanecer congelada en el suministro de planes, sino propender a convertir el asistencialismo en trabajo. La controversia terminó con la renuncia de Daniel Arroyo como ministro de Desarrollo Social y su reemplazo por el intendente de Hurlingham, Juan Horacio “Juanchi” Zabaleta, en el agosto del cierre de listas de precandidatos para las primarias.
El telón de fondo era la disputa por el voto de los pobres, que pasaron del tercio de la población en que se habían estabilizado después del crisis de 2001 a los alrededores del 40% actuales, con picos del 55 en el conurbano bonaerense y un 60% de los niños en esa condición. El panorama de la exclusión se completa con empleo informal en el 50%.
Las legiones de excluidos conforman la cantera electoral más importante del país, de modo que la tensión entre las formaciones política tradicionales y las organizaciones sociales se ajusta a la única lógica de construcción de poder posible sobre las ruinas.
La clase trabajadora es desplazada por los asistidos: el subsidio ha sustituido a la disputa por una mayor participación en la plusvalía como nervio movilizador; la perentoriedad del auxilio estatal a los expulsados suplanta la alianza entre trabajo y capital como condición de la paz social
La carta de Grabois
Las organizaciones sociales habían logrado una fuerte presencia en el gabinete de Arroyo, que equivalía a poder concreto en el control de los programas sociales con los que simultáneamente contienen y fidelizan. La coincidencia en que era preciso reducir tal gravitación fundó la alianza de los intendentes del conurbano bonaerense con La Cámpora, recelosos de la competencia por la administración del asistencialismo.
Apenas asumió, Zabaleta replicó la declaración de guerra de La Cámpora: hay que transformar los planes sociales en trabajo en blanco, dijo.
Las organizaciones sociales hicieron sentir su reacción. La tradicional manifestación de los jueves a Plaza de Mayo adquirió en vísperas del cierre de candidaturas dimensiones multitudinarias. Buscaron y lograron un gran protagonismo en las procesiones de San Cayetano, patrono del trabajo.
El fin de semana definitorio se produjo un intento de toma de la Municipalidad de Lomas de Zamora, pináculo del enfrentamiento que el dirigente Juan Grabois mantenía con el intendente de la localidad, Martín Insaurralde, y otros caciques.
Grabois hilvanó todo el 9 de agosto, en una durísima carta pública dirigida al periodista Horacio Verbitsky, gurú intelectual del cristinismo al que emparentó con Jorge Lanata, enemigo paradigmático del sector.
“Hay una obsesión histérica contra los planes sociales; nos ponen a nosotros como responsables de la pobreza del país porque organizamos a la gente que los recibe. Los más descarados dicen que tenemos la gente como rehenes. Los más amables repiten que hay que convertir los planes en trabajo. Y siguen tratándonos como mierda. Los de adentro y los de afuera”, le espetó.
Más adelante admitió las aspiraciones electorales de las organizaciones sociales y recriminó la indiferencia de los armadores de las listas: “Sí, Verbitsky, me fue como el orto en esto, tenés razón ¿Estás contento? Sí, Verbitsky, estaba caliente. Es cierto. Tuve algunas peleas. Te felicito por hacer inteligencia ilegal y obtener documentos privados para divulgarlo. Siempre fuiste botón, delator y traficante de información”.
Por primera vez la pelea por la representación institucional del los pobres se expresaba con tanta nitidez.
Es natural que la representación de la pobreza esté en disputa. Se trata de la cantera electoral más nutrida del país pauperizado. Su padrón mutó plegado a la degradación social y se hizo más heterogéneo con el ingreso los caídos de las clases medias
En el país pauperizado, las organizaciones sociales se habían convertido en un actor político de primera magnitud ¿Por qué no estaban en las listas?
“Yo quiero ver como diputada a la cartonera, a la horticultora, a la que era prostituta y ahora es dirigente política. Las que vos no podrías ver como otra cosa que como tus empleadas domésticas. Milito para que ellas tengan poder. Pero me va mal, Perro… cada vez que trato hay una barrera clasista y xenófoba que por más lenguaje inclusivo, documento no binario y caretaje progre no se rompe. Los negros quedan del otro lado de la puerta”, pegó Grabois.
“Yo no me pienso hacer cargo, ni pienso permitir que hagan cargo a ninguno de mis compañeros, sobre todo los jóvenes que jamás ejercieron el poder, que con suerte coordinaron algún pequeño programa social, del desastre de este país. Gerentes de la pobreza, la pindonga”, concluyó.
Sus antagonistas dirimieron el conflicto tras la derrota de las PASO: Insaurralde fue designado jefe de Gabinete del gobernador Axel Kicillof.
Dedicate a la literatura epistolar, Grabois.
Mutación y disputa
El sistema institucional muestra dificultades para digerir la mutación social que ha experimentado la Argentina desde que el estallido de 2001 hizo eclosionar los embriones gestados en la Convertibilidad menemista.
El cambio impacta sobre todo en la base electoral del peronismo, donde la clase trabajadora es desplazada por los asistidos: el subsidio ha sustituido a la disputa por una mayor participación en la plusvalía como nervio movilizador; la perentoriedad del auxilio estatal a los expulsados suplanta la alianza entre trabajo y capital como condición de la paz social.
Inflación desbocada que cae con mayor saña sobre los millones de pobres. En los últimos 10 años se destruyó el 5% del empleo privado asalariado; solo se creó, o no se destruyó, empleo público o informal. La Argentina es de los pocos países del mundo que tiene más pobres que hace 25 años. El Estado está en quiebra.
Es la derrota de la gestión política nacional. El sindicalismo ha dejado de ser la columna vertebral del movimiento creado por Perón.
Es natural que la representación de la pobreza esté en disputa. Es la cantera electoral más nutrida del país pauperizado. Su padrón mutó plegado a la degradación social y se hizo más heterogéneo con el ingreso los caídos de las clases medias.
Las organizaciones sociales echaron músculo para la pelea en ese universo en expansión durante el macrismo, que no disminuyó en ningún momento el flujo de la asistencia a través de su ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Los camporistas llaman a los jerarcas de estos movimientos, precisamente, “carolinos”, además de “cayetanos”.
La idea de una obra social y un sindicato para la “economía popular”, fue lanzada por el titular del Movimiento Evita y actual secretario de la Economía Social, Emilio Pérsico, en aquella época.
La ley de Emergencia Social, sancionada en 2016, habilitaba al Jefe de Gabinete a reasignar partidas por hasta 30 mil millones de pesos hasta 2019 y creaba el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social. Pérsico, al frente de la Corriente de Trabajadores de la Economía Social, promovía la institucionalización de una suerte de CGT de los excluidos.
Las organizaciones sociales son desde entonces un competidor político del cristinismo, y esta competencia emergió madura en el litigio con La Cámpora y los intendentes del año pasado.
Está también la izquierda, obvio, pero en el medio término apareció otro comensal, inesperado por su localización ideológica: el candidato a diputado nacional de Juntos, Diego Santilli, y el jefe de Gobierno de la CABA, Horacio Rodríguez Larreta, empezaron a transitar villas y asentamientos, de la mano de peronistas disidentes.
Las organizaciones sociales echaron músculo para la pelea en ese universo en expansión durante el macrismo, que no disminuyó en ningún momento el flujo de la asistencia a través de su ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Los camporistas llaman a los jerarcas de estos movimientos, precisamente, “carolinos”.
Emancipación
La derrota del Frente de Todos en las primarias del 12 de septiembre provocó una crisis de gabinete que escaló desde la renuncia del ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y gran parte del funcionariato camporista, hasta una carta de recriminaciones de Cristina Kirchner a Alberto Fernández. Las epístolas de Cristina tienen más eco que las de Grabois.
El conflicto se saldó con la designación del gobernador de Tucumán, Juan Manzur, como Jefe de Gabinete y la reunión inmediatamente posterior de Fernández con los gobernadores en La Rioja.
Las maniobras reaccionaban al indicio más significativo que habían arrojado los comicios: la emancipación electoral de los pobres y pauperizados del área metropolitana conformada por la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. La región se descubría demasiado volátil como para asentar exclusivamente en ella la legitimidad de cualquier gestión.
Esta constatación explicaba tanto la energía del ataque del ala cristinista sobre Fernández como el respaldo inmediato al mandatario de gobernadores, sindicatos y el Movimiento Evita, organización social que capitanean Pérsico y el secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete, Fernando “Chino” Navarro. Reflejos ante el vértigo del vacío: que el cristinismo perdiera la hegemonía como canal de expresión electoral de la pobreza afectaba al conjunto del peronismo en una sociedad socialmente estragada.
La circunstancia del cristinismo era más dramática, pues sufría las consecuencias del retroceso en su propio feudo, Buenos Aires, epicentro de la reyerta que La Cámpora de Máximo Kirchner había librado con las organizaciones sociales por el control del asistencialismo. Los cristinistas se ocuparon de que sus adversarios políticos no estuvieran en las listas, tras forzar la eyección de Arroyo del Ministerio de Desarrollo Social.
En tal contexto, el comunicado de respaldo a Fernández de la CGT fue una pieza ejemplar del instinto de conservación. Con el 50% de los trabajadores en la informalidad, la central obrera asumió tácitamente su eclipse y convocó a defender los derechos laborales de los trabajadores y «de aquellos excluidos del sistema que pugnan por ser portadores de esa cobertura social y laboral, ante el oportunismo político de algunos que representan intereses contrarios a la clase trabajadora».
O sea: de los propios y de los expulsados.
El reacomodamiento ocurrió en septiembre, con el propósito de acortar la distancia con la oposición. Luego vinieron las tensiones por el acuerdo con el Fondo, el apedreo de las oficinas de Cristina, las provocaciones del cristinismo, la fractura ideológica expuesta, el divorcio demorado por la discusión en torno a los bienes gananciales.
Colapsada en la crisis, la burocracia de la Casa Rosada convoca a gobernadores, legisladores de la oposición, empresarios, sindicatos. No hay pobres entre los comensales de esas mesas.
El volumen y la consistencia del acampe piquetero, al que Grabois respaldó y visitó aún ratificando su pertenencia al Frente de Todos, es emergente de una dirigencia enajenada.
