Revisión del proceso que dividió a los catamarqueños en los ’90 y convirtió un crimen brutal en insumo político.
En la última manifestación por el 8M aparecieron referencias al femicidio de María Soledad Morales. Las imágenes y consignas de la movilización tuvieron correlato legislativo, con un proyecto de la diputada radical Juana Fernández proponiendo incorporar a los programas escolares de la película “El Caso María Soledad”, de Héctor Olivera, cuyo argumento se ajusta la versión hegemónica sobre el asesinato.
Cíclicamente se intenta revitalizar la fractura catamarqueña de los ’90 y María Soledad vuelve a convertirse en arena de la contienda política.
La comodidad del lugar común induce a aplicar el concepto bisagra indiscriminadamente. Un caso “bisagra”, se insiste al hablar del Caso Morales. Tal vez sea pertinente plantearse en qué puede considerarse “bisagra”.
En una democracia todavía frágil, contribuyó a la conciencia social al menos en dos sentidos.
La constatación de la potencia movilizadora y erosiva de manifestaciones populares como las Marchas del Silencio es el más obvio y, con escasa inocencia, recurrido. Pero también, y no por menos transitado es menos importante, expuso la malversación de los objetivos nobles, la manipulación institucional para acomodar sentencias a intereses facciosos, la mentira sistemática como herramienta política, la instrumentación del dolor por parte del poder.
Una de las lecturas del proceso considera que el Caso fue bisagra porque desplazó del Gobierno al saadismo, cuyo poder sus objetores calculan en 50 años, desde la irrupción de Vicente Saadi en la escena provincial, en la década del 40, a la caída de su hijo Ramón, en 1991.
Un repaso por la lista de gobernadores del período basta para desenmascarar la falacia de esta interpretación.
En ese medio siglo, los Saadi gobernaron sólo 8 años: uno en la primera gobernación de Vicente, intervenido por Perón, siete en la etapa democrática. El resto fue conducido mayormente por los enemigos del clan, entre los que se contaron muy caracterizados peronistas.
Instalada, la promocionada “bisagra” antisaadista degeneró en gatopardismo en un aspecto medular: fue coartada para mantener incólumes y robustecer los mecanismos institucionales y económicos que cristalizan la dependencia del pueblo catamarqueño, para medrar, progresar o meramente sobrevivir, respecto de la administración pública y el arbitrio de sus ocasionales gobernantes.
Acaso convenga preguntarse qué hizo Catamarca con la conciencia ganada a partir del Caso Morales.
En el país de los ciegos, suelen prosperar las perspectivas tuertas.
Febrero de 1998: el fallo
– Voy a convocar al testigo más importante que tiene la causa…
El fiscal Gustavo Taranto saca de entre sus papeles una foto en la que se ve a la víctima feliz junto a tres amigas y la pega en la pared, a sus espaldas.
– A mí me drogaron, nos está diciendo María Soledad, y este fiscal le cree. A mí me violaron más de tres personas, nos dice María Soledad, y este fiscal le cree. A través de esa violencia una persona me sostuvo para hacerme tragar sangre, también nos dice, y yo le creo. El que me hizo esto tiene las manos manchadas con sangre. Busquen en su ropa, en su ropa interior; busquen, porque tiene mi sangre.
El golpe de efecto cierra el alegato abierto con la descripción del ecosistema político en el que se había perpetrado el asesinato de María Soledad Morales.
“Se trata de un juicio distinto –orientó Taranto al tribunal en la largada-. Para valorar, hay que tener en cuenta la situación social que existía allá por septiembre del ’90 como un dato histórico más de la realidad».
Prólogo y epílogo le resultan indispensables para dar consistencia a su argumento. Los indicios esgrimidos entre los extremos para sostener la exigencia de condena no llegan a contrapesar los elementos planteados por las defensas en favor de los reos. Empate, en el mejor de los casos.
Las pericias no son concluyentes.
Los testimonios sobre la localización del principal acusado el día del crimen son contradictorios. Algunos lo ubican en Buenos Aires, otros tantos aseguran haberlo visto en Catamarca, con apariencias variables: pelo largo y melena, con y sin aro, con barba y lampiño, con y sin lentes.
No solo está la habitual contradicción entre los testigos de la acusación y de la defensa, o las diferencias y matices entre las narraciones. Hay testimonios diametralmente contrapuestos de las mismas personas. Las mutaciones de los que dio el barman Jesús “Nino” Muro son paradigmáticas: cinco versiones hasta llegar a la final, la determinante, que reunió al entregador y al asesino en el boliche bailable desde donde la víctima había sido conducida a su brutal fin.
Taranto necesita compensar las carencias jurídicas con apelaciones emocionales. No hay pruebas contra los encartados porque las maniobras desplegadas para encubrirlos las eliminaron o desvirtuaron; no obstante, debe honrarse la deuda de justicia con la víctima, que acusa desde su retrato.
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El fiscal busca replicar el impacto emocional de las palabras que Ada Morales, estragada por el dolor, repetía en las Marchas del Silencio y ante la prensa: “Mi corazón de madre me dice que el poder mató a Sole”.
La convicción de una madre destrozada, la imagen de la adolescente ultrajada, asesinada, mutilada, son lo más sólido en el fangal de las manipulaciones que signaron el expediente; lo único irrebatible. El destino de la causa se define en el tribunal de la opinión pública.
Es un juicio distinto, si. Los acusados encarnan un régimen, que también está en el banquillo. Condenarlos equivale a condenar todo un sistema.
El gobierno de Ramón Saadi, del clan Saadi, había sido depuesto por una intervención federal siete años antes debido a su impotencia para resolver el homicidio. Era preciso que el fallo afirmara el acierto de aquella decisión política.
La estructura del razonamiento del fiscal es idéntica a la postulada por la acción civil.
El abogado José Buteler enfatiza: “La unión de indicios, si son unívocos y concordantes, dan grado de certeza”.
Su colega Luis Segura lee un poema.
La sentencia se ajustará al diseño.
“Resultará dificultoso interpretar la prueba testimonial rendida en autos si no se la coloca en el exacto entorno de la sociedad y del tiempo en que se produjo. Se enredó todo el proceso investigativo, ya sea mediante la ocultación de prueba, desviación de la investigación, presión o incentivación ejercida sobre testigos, etc. No estuvieron ausentes las relaciones de pertenencia entre quienes daban las órdenes y quienes debían obedecerlas por lealtad, por miedo o en salvaguarda de su propia subsistencia”, advirtieron los jueces.
“El Tribunal se apoyó en prueba indirecta, la que se obtiene por razonamiento a partir de un hecho conocido que conduce a otro que se desconoce y que es el que se quiere probar. Conscientes de la resistencia que este medio de prueba tiene en cuanto a su suficiencia para fundar una condena, hemos querido puntualizar lo que fue motivo de este introito”, se atajaron.
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Las lagunas probatorias indujeron la introducción en la sentencia de dos ensayos. Uno sobre clientelismo político y otro sobre los efectos residuales del miedo infundido por el régimen imperante al momento del crimen.
“El miedo llega a ser, y puede seguir siéndolo en la actualidad, un fenómeno colectivo en la medida en que de alguna manera se sienta o se perciba el agazapamiento de algo no querido detrás de cada uno, y también ocultamente se reconoce la debilidad para establecer cambios y se teme al futuro, como si se hubieran plantado semillas potencialmente terribles”.
La sagacidad de los jueces no bastó para extraer de los indicios disponibles conclusiones sobre el momento y la localización del homicidio.
María Soledad Morales, dictaminaron, había muerto por una sobredosis de cocaína inoculada por el encartado Guillermo Luque y personas no identificadas, “entre las tres y cuatro horas del 8 del septiembre de 1990 y la madrugada del diez del mismo mes y año” en San Fernando del Valle de Catamarca o alguna localidad aledaña. Drogada e indefensa, Luque y estas personas no identificadas la violaron.
Luego de la muerte, sujetos tampoco identificados desfiguraron el cadáver con el propósito de encubrir las circunstancias del asesinato y unos infructuosos intentos de reanimación, y lo tiraron en inmediaciones del club Parque Daza, en el límite de los departamentos Capital y Valle Viejo.
Luis Tula, el otro imputado, novio clandestino de la víctima, la había entregado a sus victimarios en el boliche Muana.
Luque fue condenado a 21 años de prisión, como “coautor penalmente responsable del delito de violación seguida de muerte agravada por el uso de estupefacientes”.
A Tula le tocaron 9, como “partícipe necesario”.
El Caso Morales fue fundacional en la etapa democrática, un “leading case”, ejemplar en un sentido muy específico: lo determinante de la solvencia facciosa para imponer una interpretación de los hechos a expensas de una Justicia con su prestigio aniquilado
Los dos juicios
El juicio oral y público se había desplegado en dos etapas.
La primera, entre febrero y abril de 1996, nula a los efectos jurídicos, fue trasmitida por televisión y seguida por el país como una novela siestera de ribetes tragicómicos. Naufragó tras un gesto del juez Juan Carlos Sampayo a su par Alejandra Azar en la definición de un incidente procesal menor.
El aparato mediático interpretó el ademán como una componenda espuria a espaldas del presidente del tribunal, Alejandro Ortíz Iramaín, consagrado en la galería de personajes del Caso por su estilo enérgico y la muletilla “conste en actas”, que pronunciaba con entonación castrense.
Esta lectura omitía el detalle de que tales conspiraciones eran superfluas, pues el tribunal podía deliberar para tomar sus decisiones y frecuentemente pasaba a cuarto intermedio para hacerlo, pero desencadenó un escándalo nacional que desembocó en la anulación del proceso.
El primero de abril, Ortiz Iramaín renunció denunciando que el Gobierno provincial lo había presionado para que condenara a Luque.
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El tribunal para el segundo juicio se constituyó en 1997. El riesgo de erosión para el prestigio que incubaba el intrincado proceso obligó al Gobierno del Frente Cívico y Social a recurrir a un foráneo para presidir las audiencias.
El puesto recayó en el santiagueño Santiago David Olmedo de Arzuaga. El elenco se completó con los locales Jorge Álvarez Morales y Edgardo Rubén Álvarez, quien en calidad de fiscal había exhibido un especial interés en investigar los casos de corrupción atribuidos a la administración encabezada por Ramón Saadi. El proceso se inició el 15 agosto y concluyó el 27 de febrero de 1998, con las condenas.
La sentencia podía carecer de sustento probatorio, pero su potencia radicaba menos en su lógica jurídica que en su eficacia narrativa: la Justicia finalmente legitimaba la larga lucha por la emancipación de los siervos sometidos por canallescos señores feudales.
Las características del fallo eran materia para iniciados leguleyos. En cualquier caso, consiguió sortear con éxito todas las instancias recursivas, incluida la Suprema Corte de la Nación.
La renuncia a investigar el supuesto encubrimiento, sin embargo, dejó demasiados cabos sueltos.
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El dispositivo argumental de Taranto, repatriado a Córdoba poco después de actuar en el juicio, congelaba la historia de las presuntas tergiversaciones en la etapa saadista, pero al momento de su alegato hacía ya siete años que la Provincia era gobernada por los enemigos del clan Saadi, agrupados en el Frente Cívico y Social que se había articulado en torno al radicalismo.
El diseño sugería a los jueces sentenciar considerando “la situación social que existía allá por septiembre del ’90”, fecha del hallazgo del cadáver, pero escamoteaba la trama desarrollada luego, entre 1991 y 1998, durante un lapso de tiempo similar al del Gobierno de los Saadi, que se había extendido entre diciembre de 1983 y la intervención del 17 de abril de 1991.
Sobre todo, escamoteaba lo ocurrido apenas unos meses antes, en el malogrado primer juicio, durante el cual, aparte de la precariedad de numerosos testimonios que comprometían a los acusados, se había revelado la existencia de un “Comité Estratégico” compuesto por dirigentes del FCS, que seguía y analizaba las alternativas del proceso para adoptar las estrategias más adecuadas, no se sabe si con la intención de contribuir a su esclarecimiento o direccionarlo de acuerdo a propósitos menos encomiables.
En la peripecia política y judicial de los ‘90 en adelante pueden identificarse denominadores comunes con el expediente catamarqueño: la desesperación periodística por la primicia en detrimento de la sensatez y el profesionalismo; las gambetas de los grandes grupos mediáticos, que entonces probaron su poder de fuego; el protagonismo de personajes siniestros o grotescos, su demonización o beatificación según las alternativas de las contiendas; la operación encubierta vía chantaje, amedrentamiento o soborno
La denuncia del juez
Al renunciar como presidente del tribunal del frustrado primer juicio, Ortiz Iramaín había explicado:
“Ante el curso de los acontecimientos procesales, que al parecer no les fueron del todo satisfactorios a los esquemas del llamado ‘Comité Estratégico’, por radio policial quien tiene a su cargo la cartera de Gobierno se tomó el atrevimiento de hacerme comunicar que debía ir a su público despacho, a lo que por supuesto respondí con la más firme negativa. Pero es el caso que al día siguiente se hacen presentes los emisarios del rey para advertirme que mi destino estaba signado por este juicio; es decir, que según sea el resultado, condena a Luque, sería seguro ministro de la Corte de Justicia provincial, pero para el caso contrario, textualmente se me dijo que sería puesto ‘en el horno’, por lo que debe entenderse que, si no fallaba condenando al imputado que interesa a sus fines mi final sería la incineración, por lo que una vez más hice expresa mi negativa a tan espuria como inmoral oferta con amenaza de fondo».
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Tras instar la condenas, el fiscal Taranto había requerido que se investigara por encubrimiento, participación en el crimen, apremios o falso testimonio a más de 50 personas, entre ellas el ex gobernador Ramón Saadi y su hermana Alicia, el ex viceministro del Interior Jorge Díaz Martínez, el ex diputado nacional Carlos Rosales y los ex jefes de Policía Miguel Ángel Ferreyra y Miguel Ángel Dabhar.
Estas indagaciones complementarias, que entre otras cosas debían demostrar el encubrimiento causante de la falta de pruebas, nunca se hicieron.
Solo Eduardo “Loco” Méndez y Hugo “Hueso” Ibáñez, sindicados como los otros dos participantes de la orgía en la que María Soledad había muerto, las “personas no identificadas” que la habían drogado, violado y asesinado junto a Luque, fueron sometidos a juicios que desembocaron en sus sobreseimientos.
Las heroínas
Tampoco se profundizó en las inconsistencias de los testimonios de dos heroínas de la gesta contra el régimen depuesto en 1991.
Ni la religiosa Martha Pelloni, directora del Colegio del Carmen y San José que acaudilló las Marchas del Silencio organizadas por las compañeras de la víctima, ni la abogada Lila Zafe, que representó a la familia Morales durante dos años, aportaron en el juicio las irrefutables pruebas que aseguraban tener sobre la responsabilidad de Luque y el poder saadista en el homicidio.
Ambas se circunscribieron a trasmitir sus impresiones sobre el agitado proceso que las había tenido como protagonistas centrales y los relatos que habían recogido en su transcurso.
Zafe adosó a su anecdotario un par de casettes con la grabación de supuestas conversaciones comprometedoras y determinantes para la causa, inútiles por lo ininteligibles.
La trascendencia de tales defecciones se diluyó por el impacto de una condena que ratificó la versión de los hechos más conveniente al antisaadismo, robustecida en el imaginario nacional por el halo romántico que proporcionaba el retrato de una sociedad rebelada contra la tiranía.
Empiojamiento impune
Proseguir las investigaciones era riesgoso para la estabilidad del Gobierno del FCS, pues propiciaba una cancha en la que los miembros del clan Saadi involucrados podían llevar al primer plano lo que Taranto y la sentencia habían omitido: el rol de la política en el empiojamiento del expediente y la denuncia de Ortiz Iramaín.
Tampoco el poder nacional estaba ansioso por instigar procesos adicionales de resultado incierto.
Ya se habían cometido los atentados terroristas a la Embajada de Israel y la AMIA, ocurrido los estallidos de la Fábrica Militar de Río Tercero y perpetrado el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas. Demasiadas historias truculentas y corrosivas como para meter también la nitroglicerina catamarqueña.
La derrota política de los Saadi se había consumado. Suficiente.
La compleja deriva del Caso Morales prefiguró en muchos aspectos el historial judicial-político argentino, más que nada por las limitaciones del Poder Judicial para legitimar una verdad jurídica.
En este sentido fue un caso fundacional en la etapa democrática, un “leading case”, ejemplar en un sentido muy específico: lo determinante de la solvencia facciosa para imponer una interpretación de los hechos a expensas de una Justicia con su prestigio aniquilado.
En la peripecia política y judicial de los ‘90 en adelante pueden identificarse denominadores comunes con el expediente catamarqueño: la desesperación periodística por la primicia en detrimento de la sensatez y el profesionalismo; las gambetas de los grandes grupos mediáticos, que entonces probaron su poder de fuego; la viralización de audios e imágenes supuestamente claves, obtenidos mediante procedimientos de legitimidad dudosa, hoy aceitada por las redes sociales; el protagonismo de personajes siniestros o grotescos, su demonización o beatificación según las alternativas de las contiendas; la operación encubierta vía chantaje, amedrentamiento o soborno.
No hay moralina en este precario retrato. Gestión política en crudo y, en definitiva, la tensión entre los fines y los medios que trama la historia.
El Caso Morales condensó y mostró masivamente la cocina inescrupulosa de la narrativa política desde una remota e insignificante capital de provincias.
Sobre Catamarca convergieron analistas, periodistas, literatos y cineastas atraídos por lo que consideraban un feudo arcaico bajo el yugo nepótico.
Quizás esperaran dejar huella en el “boom latinoamericano”. La caracterización dominante sobre los Saadi era miel para las moscas en tal sentido.
El viejo Vicente y su heredero, Ramón, constituían un continente que podía llenarse con cualquier cosa, pues no existía un relato oficial saadista en condiciones de oponerse al que postulaba la maquinaria mediática.
El cuero del clan era campo orégano, virgen para la imaginación, pero el experimento debía ejecutarse en simultáneo con los hechos, sin perspectiva histórica y sin chances de ejercicios metafóricos.
La muerte de Vicente Saadi había abierto un vacío en el esquema del justicialismo y la pelea por su cobertura se aceleró con el ascenso de Menem en la Presidencia. Ramón, heredero de Vicente, asentado en la Gobernación catamarqueña, participó lógicamente de ese litigio, que se saldó a favor de los sectores del menemismo enfrentados con él
Dos clanes en la picota
El Caso había acaparado la atención de todo el país desde el principio, con una saga en vivo y en directo que adquirió pronto carácter folletinesco, saturada de personajes de la más variada gama e historias subordinadas a la trama principal que ofrecían un amplio margen para la manipulación a personeros de intereses expuestos u ocultos, aventureros y mitómanos en busca de figuración.
Las nobles intenciones de quienes reclamaban la Justicia negada empedraron el camino de un aquelarre cuyo saldo fue la duda perpetua respecto de los responsables del crimen.
La condena a Tula como entregador era indispensable para vincular a Luque con María Soledad, pero subsidiaria. Lo medular era condenar a Luque, porque en Luque se condenaba al régimen saadista.
Las alternativas de la disputa en tribunales y el propio escenario social catamarqueño, que Taranto describió sesgado en su alegato, impidieron que prosperara la versión original del homicidio que se puso a circular extraoficialmente, instigada por Lila Zafe, Martha Pelloni y Miguel Marcolli, que luego sería diputado nacional.
Involucraba en la orgía en la que había sido asesinada a María Soledad, junto a Luque, a Arnoldo Saadi, un adolescente primo hermano de Ramón Saadi; al mellizo Diego Jalil, sobrino del intendente de la Capital de Catamarca, Guido Jalil, y a Miguel Ferreyra, hijo del jefe de Policía homónimo.
Esta composición de la fiesta no llegó a plantearse en el juicio, aunque sí la línea que aseguraba que el cuerpo de la víctima había sido objeto de maniobras de reanimación y de lavado para borrar pruebas en el Sanatorio Pasteur, propiedad del intendente Jalil.
Solo Luque, hijo del diputado nacional Ángel Arturo Luque y la diputada provincial Edith Pretti, encumbrados miembros del saadismo, fue condenado, pero la versión madre que se echó a rodar a pocos días de que se encontrara el cuerpo complicaba a los dos clanes, aliados desde 1987: los Saadi y los Jalil.
Ambos fueron eyectados por la Intervención Federal decretada por el presidente Carlos Menem en abril de 1991.
Ejecución política
Previamente, Menem había intervenido el Poder Judicial; posteriormente, intervino el Partido Justicialista de Catamarca, que conformó para la salida electoral ejecutada ese mismo año el Frente de la Esperanza, una alternativa a la propuesta acaudillada por Saadi hijo que partió el voto peronista y abrió paso al triunfo del Frente Cívico y Social, coalición vertebrada por la Unión Cívica Radical en la que confluyeron los enemigos históricos del saadismo.
Estas disposiciones de Menem resultaron inocuas para el esclarecimiento del asesinato que las había precipitado con sus traumáticas repercusiones, pero engranaron con la leyenda negra del clan Saadi, que se masificó lubricada por la cobertura periodística del Caso.
Ramón Saadi cayó profiriendo gravísimas acusaciones contra Menem y su corte.
La muñeca política de Vicente Saadi, muerto en 1988, en ejercicio de la Gobernación, había sido clave tanto para la recomposición del peronismo derrotado por Raúl Alfonsín en 1983 como para la llegada del riojano a la Casa Rosada.
La fórmula Menem-Eduardo Duhalde derrotó en la interna justicialista, primero, al binomio de la llamada “renovación”, compuesto por Antonio Cafiero y José Manuel de la Sota. Hazaña no menor: Cafiero era el gobernador de la provincia de Buenos Aires y De la Sota el líder del peronismo de Córdoba. Vicente falleció horas antes de que se perfeccionara el triunfo intestino de su pupilo.
Menem ganaría meses después la Presidencia tras imponerse a la fórmula radical encabezada por Eduardo César Angeloz.
Ramón se sintió traicionado por la intervención federal, pero la onda expansiva del Caso Morales había dejado a Menem, que transitaba el segundo año de su primer mandato, muy poco espacio para eludirla. Fue llamativa, de todas maneras, la saña de algunas operaciones contra el clan.
Entre los motivos de la medida, por caso, se difundió que existía un informe de la DEA que vinculaba a los Saadi con el narcotráfico, que había sido acercado a la Presidencia por el entonces embajador de los Estados Unidos, Terence Todman.
Este presunto informe no formó parte de los fundamentos de los decretos de intervención a los tres poderes catamarqueños, pero hacía juego con el relato que postulaba a Catamarca como un feudo sometido por un régimen corrupto, que tanto traficaba drogas como personas.
“El Altillo”, renombrado burdel que regenteaban “La Tía Yoli” Yolanda García y su pareja, Eduardo “Laucha” Adén, se erigió en una suerte de emblema nacional de la explotación sexual y las francachelas del poder.
La Intervención Federal encabezada por Luis Prol lo clausuró apenas desembarcada, como un gesto moralizador, pero para las elecciones que se realizaron ese mismo año, la militancia del FCS, que llevó como candidato a gobernador a Arnoldo Castillo, pintaba en las paredes “Vote a Castillo para que abra El Altillo”.
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La intervención federal a la Provincia pudo haber sido considerada indefectible, pero no ocurre lo mismo con la intervención al PJ. Con ella, el menemismo privó a Saadi de un instrumento institucional importantísimo para tratar de recuperar el poder. Fue una expulsión, un golpe letal.
El Justicialismo presentó en las elecciones de 1991 a Francisco Sotomayor como candidato a gobernador del Frente de la Esperanza para una Nueva Catamarca y le arrebató a Saadi, obligado a postularse por afuera, unos 20.000 votos.
La ingeniería electoral se montó sobre las fisuras del clan Saadi, en el que la jefatura de Ramón comenzó a perder fuerza.
La historia del peronismo catamarqueño durante la década de los ’90, íntegramente liderada a nivel nacional por Menem, es la de los sucesivos fracasos por despojar al hijo de Vicente de esa herencia. Los bandos locales se alinearon, rompieron y reconciliaron en el período al ritmo de intrigas que contaron siempre con terminales en la Rosada.
Entre los incidentes más destacados de la saga están los relacionados con el acceso o permanencia de los Saadi en el Senado nacional. Catamarca tuvo entre 1995 y 2001 solo un representante en ese cuerpo a raíz de la resistencia de incorporar a Ramón. Las impugnaciones morales que el FCS esgrimía en su contra en Catamarca encontraban eco en senadores nacionales que pretendían obtener salvoconductos éticos con el rechazo al demonizado personaje.
Las salidas que el menemismo ofreció al clan estuvieron siempre condicionadas a que Ramón resignara su protagonismo. Eran una sentencia de muerte política para él, que resistió hasta donde pudo.
Esta sinuosa lógica recién aminoró en 1999, cuando Menem, que aspiraba a un tercer mandato presidencial clausurado por la Constitución reformada en 1994, buscó fortalecer sus pretensiones como artífice de la victoria de Ramón en las elecciones gubernamentales catamarqueñas, que se celebraron antes de las presidenciales, con calendario desdoblado.
Pero Saadi perdió ante el radical Oscar Castillo, hijo de Arnoldo, y la jugada quedó sin sustento.
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El empeño por destruir a Saadi fue objeto de diversas explicaciones.
La más difundida y popular es que la fractura entre Menem y Ramón se produjo por diferencias en torno al negocio de la megaminería a cielo abierto, que debutó en el país en 1997 con el yacimiento de oro y cobre Bajo La Alumbrera, localizado en el oeste catamarqueño.
Otra narración cifra la inquina menemista en las intenciones de proyectarse a nivel nacional de Ramón. Luego de la victoria del riojano en 1989, en las tertulias del “ramonismo” comenzó a circular la consigna-hipótesis “Menem al Gobierno, Ramón al poder”. Ramón comenzó a moverse en ese sentido para tratar de apoderarse de la conducción del PJ.
Se habló incluso de intrigas internacionales por el alineamiento geopolítico de Menem con los Estados Unidos, contrario a supuestos intereses y negocios del saadismo en el Medio Oriente.
La febril imaginación de los mentideros políticos, ámbito propicio a la paranoia, multiplica las especulaciones.
Los motivos de la confrontación pueden ser múltiples; alguno de los mencionados, varios o alguno que espera ser descubierto o inventado. La condición humana necesita explicaciones para la azarosa realidad.
Hay, sin embargo, un hecho incontrastable: la muerte de Vicente Saadi dejó vacante un espacio de poder muy gravitante en el peronismo nacional.
El heredero en Catamarca era indudable: Ramón, seleccionado por el viejo para ser Gobernador en el ’83 ¿Quién heredaría a nivel nacional?
Era un interrogante de complejo despeje.
Vicente Saadi había comenzado a trabajar sus contactos en la década de 1940, su agenda era intrincada e infinita, contradictoria, labrada a lo largo de años controversiales y violentos; sus compromisos y lealtades, un misterio.
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Las conjeturas en torno a las razones de la disputa entre Menem y Saadi se espiralan con el correr de las copas. Como en el fallo del Caso Morales, con menos información certera que empeño por convencer y convencerse, los interlocutores eslabonan indicios del modo más conveniente a sus hipótesis. Es un intercambio de opiniones infinito y tozudo. Conviene identificar los elementos más firmes entre la maraña de proyecciones y presupuestos. No son muchos.
La pelea por la cobertura de la vacancia dejada por Vicente se aceleró con el ascenso de Menem en la Presidencia. Ramón participó lógicamente de ese litigio, que se saldó a favor de los sectores del menemismo enfrentados con él.
El botín de la batalla más probable era el control de la política minera.
Muerto su padre, Ramón había empezado a explorar posibilidades de inversión en Catamarca. Otras facciones hacían lo propio por su lado, todos bajo el paraguas de la Presidencia de Menem.
También esa contienda tuvo un resultado incontrastable. Caído Saadi, Menem articuló con el FCS sin pudores.
La extracción de oro y cobre del yacimiento Bajo La Alumbrera, ubicado entre los departamentos Andalgalá y Belén, en Catamarca, fue el primer emprendimiento de megaminería a cielo abierto de la Argentina.
Menem en persona desembarcó en Catamarca en 1995 para firmar los acuerdos pertinentes con el entonces gobernador Arnoldo Castillo, cuya administración adaptó las leyes provinciales al régimen nacional menemista. Bajo La Alumbrera inició sus actividades en Catamarca en 1997.
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Las dudas sobre el desenlace del Caso Morales quedaron abiertas por la renuncia a investigar las causas conexas. No hay margen para dudas, en cambio, sobre sus beneficiarios políticos.
No es que el asesinato de María Soledad Morales haya sido planificado para perjudicar a Saadi. Ocurrió, y la impotencia de Ramón para encontrar una salida a la crisis política que detonó fue aprovechada por sus antagonistas para sacarlo de la cancha.
La historia es darwiniana, prevalece el más competente para adaptarse. Ramón Saadi fracasó y fue arrasado en ese proceso, que se desarrolló en el auge del neoliberalismo, mientras se gestaba el Consenso de Washington, tras la implosión de la Unión Soviética y la caída del Muro de Berlín.
El saadismo y sus epígonos proponen otra prefiguración catamarqueña: el Caso Morales fue el primer episodio de “lawfare” del país, medios y Justicia coordinados por un poder superior para demoler dirigentes políticos insumisos.
Capaz que sí, pero Ramón Saadi está lejos de ser una víctima. Invirtió el poder legado por su padre para proyectarse y perdió.
Su supuestamente heroica resistencia es una construcción posterior, armada para justificarlo.
Simplemente lo derrotaron. No abundan los héroes en estos asuntos.
