Con el financista capturado por la Justicia riojana y bajo tratamiento por angustia en una clínica de salud mental de primer nivel, la investigación catamarqueña vira a la insolvencia fraudulenta.
Con eficacia similar a la del rescate de los rehenes en Entebbe o la captura del criminal nazi Adolf Eichmann en la Argentina, la Justicia riojana se apoderó de Edgar Adhemar Bacchiani y lo mantiene asilado en un instituto de salud mental desde hace más un mes, mientras el Juzgado Federal de Catamarca, despojado del reo, intenta cerrar el cerco sobre quienes habrían colaborado con él en las maniobras de insolvencia fraudulenta.
El juez federal Miguel Contreras imputó como partícipes necesarios de estas operaciones al contador de Adhemar Capital, Iván Segovia; a su madre, Justa Ramona Figueroa, y a César Augusto Agüero Berrondo, suegro de Lucas Retamozo, el abogado de Bacchiani que acciona en coordinación con su colega tucumano Alfredo Aydar, representante del grupo más importante de damnificados.
Ya estaba imputada la escribana Joaquina Córdoba Gandini, que habría refrendado las operaciones sospechosas. Uno de los abogados querellantes pidió además la detención e imputación de Sofía Piña, pareja y madre de una hija de Bacchiani, como cómplice.
Las declaraciones que prestaron en calidad de “arrepentidos” la venezolana Celeste Zaraive Garcés Rusa, ex esposa de Bacchiani, y José Armando Blas, ejecutivo de Adhemar Capital, también encartados, fueron centrales para comenzar a explorarla línea de la insolvencia fraudulenta.
Este aspecto de la estafa se abordó más de siete meses después de la detención del financista, quien se pasó todo ese tiempo prometiendo pagar si le otorgaban la prisión domiciliaria y le permitían acceder sus dispositivos informáticos.
Contreras pretende ahora determinar cómo se fragmentó el patrimonio del “trader” con el propósito de sustraerlo a los reclamos de inversores cada vez más inquietos por su estadía en La Rioja, donde fue trasladado por pedido de la Justicia de esa provincia para indagarlo en varias causas por estafa.
Allá no le dieron la prisión domiciliaria, pero a criterio de los perjudicados catamarqueños la internación se le parece bastante.
“Rescate y asilo diplomático”, ironizó un abogado.
La Justicia riojana consiguió apoderarse de Bacchiani y se niega a devolverlo con el pretexto humanitario de sus padecimientos psicológicos
Angustiado
A pedido de Contreras, el juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional Nº 2 de La Rioja, Héctor Daniel Barría, informó que Bacchiani está internado en un instituto de salud mental con “crisis de ansiedad, angustia, trastorno de adaptación de factores estrés” y síntomas relacionados con dolencias cervicales que ceden con analgésicos.
La urgencia por atender estas patologías demoró el trámite de las indagatorias riojanas, mientras el Juzgado Federal aguarda turno para interrogarlo por la insolvencia fraudulenta.
Un audio suministrado por Blas estimuló la paranoia de los perjudicados catamarqueños. Es un diálogo que Bacchiani, desde la cárcel de Miraflores, mantiene con Sofía Piña, del que se desprende que continuaba operando en el circuito de las criptomonedas y los dólares virtuales desde el Penal pese a estar procesado e inhibido.
Piña lo presiona para que le permita acceder a las cuentas virtuales y pagar. Bacchiani interpone excusas y le asegura que Retamozo posee un teléfono en condiciones de operar. “Que Lucas suelte el celular, porque si no lo suelta me está poniendo un balazo en la cabeza”, le dice a su pareja.
El audio llegó a Blas por medio del propio Retamozo, a quien los tiros le pican cada vez más cerca.
La presunción que se extiende y desespera a los estafados catamarqueños es que Bacchiani está negociando y liberando pagos en La Rioja para cerrar ese frente judicial. Las maquinaciones los sumen en angustias similares a las de su victimario.
Entre los indicios de manipulaciones en La Rioja sobresalieron las declaraciones del abogado Christian Matzkin, quien desacreditó la capacidad del Juzgado Federal de Catamarca para llevar adelante la causa.
Matzkin litiga en sintonía con el tucumano Aydar, quien a su vez maniobra aliado con Retamozo en el dúo jurídico popularmente conocido como “Long y Short”, empecinado en conseguir la prisión domiciliaria del convicto. El dúo evoluciona a trío.
“El delito de estafa, cuya forma de realizarse fue a través de los criptoactivos o criptomonedas, es tan novedoso que el personal de la Justicia, los profesionales, secretarios, el propio juez, no están capacitados para entender. Esto lo digo asumiendo, desde mi posición, que hace ocho meses y medio que estoy estudiando con respecto a blockchain y trading. Cada uno se tiene que capacitar para poder hablar y ser serio en lo que hace. Esto nos agarró de sorpresa y los delincuentes van siempre diez pasos adelante que la Justicia”, dijo Matzkin.
La causa federal catamarqueña estuvo circunscripta a intermediación financiera no autorizada y eventual lavado de activos hasta hace una semana, cuando ante la indefinición del conflicto de competencia con la Justicia provincial Contreras decidió reactivar la investigación por estafas y ordenó una batería de medidas.
Pero la Justicia riojana, que avanzó sobre las estafas desde un principio, consiguió hacerse del preso y se resiste a devolverlo con el pretexto humanitario de sus padecimientos psicológicos.
El abogado riojano Matzkin opera en sintonía con su colega tucumano Aydar, quien a su vez maniobra aliado con Lucas Retamozo
Tregua política
El flanco político de la causa catamarqueña, en tanto, quedó trabado en una especie de empate.
En su declaración como arrepentido, Blas involucró en el fraude a Mariano Manzi, presidente del congreso de la Coalición Civica-ARI de Catamarca y principal espada de las actividades Bacchiani antes de que éste cayera en desgracia.
Blas suministró la grabación de una charla que sostuvieron él, Bacchiani y Manzi cuando regresaban a Catamarca desde Buenos Aires, después de vender allá dos vehículos de alta gama. En ese diálogo, Manzi asesora al “trader” sobre los mecanismos más convenientes para no pagar o pagar lo menos posible a los estafados.
En su indagatoria, el dirigente «lilito» negó todo e inscribió la declaración de Blas en una campaña de desprestigio orquestada por el Gobierno provincial.
En el paso siguiente, el abogado y ex diputado del PRO Diego Martín Figueroa, que pasó de promocionar a Bacchiani en la Cámara baja a defenestrarlo en representación de damnificados entre los que está su esposa, solicitó que se investiguen depósitos a nombre del financista provenientes de la Fundación José Guido Jalil y el Sanatorio Junín, que pertenecen a la familia del gobernador Raúl Jalil. Como Manzi, resaltó el rol cumplido en la historia por Andrés “Tronco” Jalil, hermano del gobernador y compadre de Bacchiani.
El tiroteo, intenso, dio paso a una tregua.
Con el frente político en relativa calma, la saga adquiere ritmo de chaya.
Ansioso, angustiado, estresado, Bacchiani transita el asilo judicial riojano en una costosa clínica de salud mental, beneficio que ningún reo, ni siquiera Leonardo Cositorto, ha conseguido que le otorguen, por más depresivo que alegue estar. Las causas de las criptoestafas están destinadas a sentar jurisprudencia.
La inquietud en Catamarca crece. El botín podría esfumarse en La Rioja, tras una operación judicial digna del Mossad y los comandos isralíes.
Ver también en El Estaño
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