La lógica de los movimientos sociales gana autonomía respecto de las burocracias partidarias y sus cacicazgos, y ahora cuenta con cajas propias significativas, exentas de escrutinios forasteros. Mientras, la política pide la escupidera en Washington.
La autonomía económica alcanzada por los movimientos sociales en la última década es uno de los elementos que diferencia esta crisis de las precedentes.
Los presagios retroactivos que impregnan la sociedad tienen su referencia más inmediata en el luctuoso diciembre de 2001. Pero entonces el proceso posterior al estallido se desplegó bajo el influjo de los liderazgos de Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde, a quienes se acusa incluso de inducirlo, mientras que ahora no asoman figuras de consistencia política similar, capaces de encausar la fragmentación. Las que hay están directamente involucradas en el desastre.
En contraposición, las estructuras paraestatales que administran recursos públicos destinados a morigerar el impacto de la pobreza han perfeccionado su nivel de organización, mientras la política pide la escupidera en Washington para tratar de remontar su enésimo fracaso.
La existencia de “cajas negras” de dimensiones desconocidas, financiadas con parte de los programas asistenciales en los que los movimientos sociales operan como intermediarios y controladas por sus caudillos, exaspera la incertidumbre.
El aporte que los beneficiarios hacen de un porcentaje de lo que reciben a las arcas de la organización a la que pertenecen pasó de ser negado por los dirigentes como una anomalía, a aceptarse cada vez más abiertamente como un mecanismo de financiamiento similar al que solventa a partidos y sindicatos.
No obstante las causas judiciales abiertas por la aplicación del método, lo sostenido de la degradación profundiza el afianzamiento del sujeto político surgido de ella.
Pese a las diferencias políticas e ideológicas que la atraviesan, la constelación de organizaciones sociales amalgama sus acciones. Se siente amenazada por sistema cuya inquietud ante las consecuencias sociales del desmadre económico orilla el pánico: en ningún otro lugar del mundo existe un nivel de organización y movilización de la pobreza similar al de la Argentina.
La lógica de los movimientos sociales es cada vez más independiente de las burocracias partidarias y sus cacicazgos, y ahora cuenta con cajas propias, exentas de escrutinio forastero. Abandonan el rol de instrumentos de ambiciones ajenas y comienzan a insinuarse proyectos de poder propios.
La estrategia adoptada durante la gestión de Mauricio Macri por el “Movimiento Evita”, capitaneado por los funcionarios nacionales Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, es paradigmática en el derrotero hacia la autonomía. La organización se fondeó y consolidó como una de los más importantes en ese período, mediante un acuerdo con la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, que exacerbó el asistencialismo. Los acólitos de la vicepresidenta Cristina Kirchner los denominan despectivamente por eso “carolinos”.
En marzo del año pasado, integrantes del “Evita” fueron detenidos con 1,4 millones de pesos distribuidos en sobres con los que se iban a pagar, según dijeron, el transporte de asistentes a un acto para celebrar los ocho años del pontificado del Papa Francisco.
“Chino” Navarro aclaró que no era “plata negra”, porque provenía de los aportes de los integrantes de su organización. Lo mismo que ahora aducen otros jefes de organizaciones sociales para justificar sus propias tajadas.
El aporte que los beneficiarios hacen de un porcentaje de lo que reciben a las arcas de la organización a la que pertenecen, pasó de ser negado por los dirigentes como una anomalía a aceptarse cada vez más abiertamente como parte de un mecanismo similar al que solventa a partidos y sindicatos
El acecho judicial
Poco después de que Cristina Kirchner arremetiera para sacar a los movimientos sociales como intermediarios del circuito del asistencialismo, el fiscal Guillermo Marijuan inició una causa por extorsión contra dirigentes del Polo Obrero que habían admitido que se quedaban con una contribución voluntaria del 2% de lo que sus miembros reciben del Estado para afrontar gastos en alquileres, servicios y alimentos de los comedores.
El 5 de julio, en una serie de allanamientos ordenados por la fiscal federal de San Martín Alicia Vence en domicilios vinculados a la Corriente Clasista y Combativa que comanda el diputado nacional Juan Carlos Alderete, se secuestraron más de 7 millones de pesos y 50 mil dólares. Otros expedientes se reactivaron en distintos puntos del país.
La consigna de Cristina apuntaba a erosionar al Movimiento Evita, aliado del presidente Alberto Fernández, pero tuvo el efecto de una patada en un hormiguero y desató la reacción de todo el ecosistema de las organizaciones sociales, que se considera blanco de una campaña de estigmatización y persecución política, judicial y mediática.
La pelea levantó voltaje tras la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía y los anuncios de contención del gasto que hizo su sucesora, Silvina Batakis, con la incorporación al frente de pelea del dirigente cristinista Juan Grabois, que advirtió sobre las posibilidades de saqueos.
Las objeciones al incremento de la gravitación de movimientos sociales pierden de vista el sostenido crecimiento de la marginalidad y la economía informal, y la falta de respuestas del sistema al flagelo de la exclusión. La escena se reconfigura al ritmo de una degradación acelerada que las instituciones no parecen en condiciones de canalizar
Reconfiguración
Las objeciones al incremento de la gravitación de movimientos sociales giran en torno a su carácter parasitario y los supuestos perjuicios que provoca en la cultura del trabajo. Pierden de vista, sin embargo, el significativo crecimiento de la marginalidad y la economía informal, que están por encima del 50%, y la falta de respuestas del sistema al flagelo de la exclusión.
Es absurdo suponer que transformaciones de la estructura social tan profundas como las que la Argentina viene experimentando no tendrán correlato en el terreno político. La pobreza es la cantera electoral más voluminosa del país pauperizado y se retroalimenta en el espiral de la crisis desenfrenada.
La escena se reconfigura al ritmo de desplome que las instituciones no parecen en condiciones de canalizar. La propia necesidad de recurrir a las organizaciones sociales para auxiliar a la pobreza lo demuestra: el elefantiásico Estado nacional no puede hacerlo por sí solo.
En la respuesta a la propuesta de Cristina de terminar con la “tercerización” del asistencialismo, el “Evita” señaló que “reducir la economía popular a los planes sociales es negar la realidad”.
“Los planes sociales son apenas el 10% de la economía popular y el 5% del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. El IFE nos demostró que había más de 11 millones de trabajadores y trabajadoras por fuera de las relaciones de dependencia. Hay 6,5 millones en el sector privado y más de 3 en el sector público. Los 11 millones de trabajadores y trabajadoras a las que nos referimos no se quedaron esperando que el Estado o el mercado resolvieran sus ingresos: salieron a buscárselos y hoy son la mayoría de la fuerza de trabajo”, consignó tras recordar que “hace más de 50 años que no crece el trabajo registrado en la Argentina”.
“Creemos que el peronismo debe ser la estrategia política de los trabajadores y las trabajadoras del presente. Ese trabajo es el asalariado público y privado, son los autónomos, son la economía popular, etc”, concluyeron.
Un desafío al aparato digestivo del sistema político, afectado en sus reflejos por el tembladeral de la balcanización.
Ver también en El Estaño
https://elestanio.com.ar/la-batalla-por-los-fierros/
https://elestanio.com.ar/de-la-carta-de-grabois-al-acampe/
