Contra las ensoñaciones platónicas, la “nueva política” en la Argentina pauperizada es la de los movimientos sociales. El control del asistencialismo se ha convertido en instrumento indispensable para la construcción de poder.
Cristina Kirchner marcó a las organizaciones sociales como competidoras al recibir al doctorado “honoris causa” de la Universidad Nacional del Chaco Austral, a principios de mayo, cuando le negó a Alberto Fernández estatura para pelear con ella.
“Si fuera una disputa de poder, hubiera elegido al presidente del Frente Renovador (Sergio Massa), que venía de un partido político, de haber sido candidato a Presidente; que tiene una fuerza con legisladores, con gobernadores. O a (Héctor) Daer, de la CGT. O a Emilio Pérsico, de los movimientos sociales”, categorizó.
Las vetustas burocracias partidarias y sindicales a un lado, la “nueva política” que supimos conseguir de 2001 en adelante pasa, conforme al acertado criterio de la Vicepresidenta, por las organizaciones robustecidas en la sostenida degradación social argentina. Son lo más dinámico del país empobrecido, autónomas de su mandato, de modo que un mes y medio después las individualizó como enemigas y detonó la guerra abierta con Pérsico y el Movimiento Evita que comanda.
En Avellaneda, durante una de sus taquilleras disertaciones dedicadas a aleccionar sobre el uso adecuado de “la lapicera”, cuestionó las políticas de contención social de la Casa Rosada e instó al Presidente a terminar con la “tercerización” que supone la intermediación de punteros pertenecientes a estructuras ajenas al Estado.
El ataque escaló a la propuesta de “descentralizar” la administración de programas como el Potenciar Trabajo, para entregarla a intendentes y gobernadores y convertir los subsidios en “empleo genuino”.
Arsenales en litigio
El lente porteño encaja sus lecturas invariablemente en lógicas y categorías metropolitanas. El respaldo de gobernadores e intendentes a la “descentralización” se interpreta como adhesión al liderazgo de Cristina y retroceso de Fernández, pero podría ser en realidad otro indicio de que el proceso de fragmentación del poder peronista se acelera.
En la Argentina pauperizada, la administración de los programas de asistencia social, el control del “peaje” para acceder a ellos, la posesión de los padrones –que implica la potestad de confeccionarlos- y la relación directa con los beneficiarios, se han convertido en instrumento de acumulación de primera magnitud, indispensable.
Al apoyar a Cristina, los gobernantes actúan en defensa propia frente la avanzada de los movimientos sociales en sus distritos y apuntan a apoderarse de los “fierros” más eficaces para penetrar en el electorado creciente de la pobreza. O sea: se pliegan con entusiasmo a la posibilidad simultánea de desarmar a antagonistas electorales, concretos o potenciales, y aprovisionar sus propios arsenales.
El cristinismo padece la acechanza en carne propia.
Pérsico lanzó a su pareja, Patricia “Colo” Cubria, para competir por la intendencia de La Matanza. El distrito es considerado el corazón del poder kirchnerista: lo administra Fernado Espinoza y su anterior intendenta fue Verónica Magario, actual vicegobernadora la provincia de Buenos Aires.
Las vetustas burocracias partidarias y sindicales a un lado, la “nueva política” que supimos conseguir de 2001 en adelante pasa por las organizaciones robustecidas en la sostenida degradación social argentina
La reacción de la “nueva política”
En su respuesta a la ofensiva cristinista, el Movimiento Evita puso el énfasis en la expansión de la “economía popular”, cuentapropismo registrado o no que se afianzó con el derrumbe de los indicadores sociales y la incorporación de legiones de expulsados de la economía formal.
“Reducir la economía popular a los planes sociales es negar la realidad. Los planes sociales son apenas el 10% de la economía popular y el 5% del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. El IFE nos demostró que había más de 11 millones de trabajadores y trabajadoras por fuera de las relaciones de dependencia. Hay 6,5 millones en el sector privado y más de 3 en el sector público. Los 11 millones de trabajadores y trabajadoras a las que nos referimos no se quedaron esperando que el Estado o el mercado resolvieran sus ingresos: salieron a buscárselos y hoy son la mayoría de la fuerza de trabajo”, disparó la organización de Pérsico y Fernando “Chino” Navarro.
Complementó el disparo poniéndose en pie de igualdad con la CGT, que representa el menguado empleo registrado en relación de dependencia.
“Desde el Movimiento Evita creemos que el peronismo debe ser la estrategia política de los trabajadores y las trabajadoras del presente. Ese trabajo es el asalariado público y privado, son los autónomos, son la economía popular, etc”, advirtieron.
Es decir: si en el ’45 el peronismo fue el canal por el que la clase trabajadora se incorporó a las instituciones, para sostener consistencia debe adaptarse ahora para representar también a los trabajadores de la “economía popular” que, mal que le pese a Cristina, se referencian en los movimientos sociales.
El pronunciamiento sintoniza con la carta pública que Juan Grabois dirigió al periodista y referente intelectual del cristinismo Horacio Verbitsky tras el cierre de las listas de candidatos en Provincia de Buenos Aires el año pasado.
“Yo quiero ver como diputada a la cartonera, a la horticultora, a la que era prostituta y ahora es dirigente política. Las que vos no podrías ver como otra cosa que como tus empleadas domésticas. Milito para que ellas tengan poder. Pero me va mal, Perro… cada vez que trato hay una barrera clasista y xenófoba que por más lenguaje inclusivo, documento no binario y caretaje progre no se rompe. Los negros quedan del otro lado de la puerta”, le dijo.
Cualquier cosa podrá reprochárseles a Pérsico y Navarro, menos incapacidad para construir poder.
La idea de armar una obra social y un sindicato para la “economía popular” cobró mayor fuerza en la gestión de Mauricio Macri, que en ningún momento mermó el flujo de la asistencia social a través de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Más bien lo incrementó hasta el paroxismo.
La ley de Emergencia Social, sancionada en 2016, habilitó al Jefe de Gabinete a reasignar partidas por hasta 30 mil millones de pesos hasta 2019 y creó el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social.
Pérsico, al frente de la Corriente de Trabajadores de la Economía Social, promovía ya entonces la institucionalización de una suerte de CGT de los excluidos. Por esas buenas relaciones con la ministra Stanley, La Cámpora denomina “carolinos” a los referentes de las organizaciones sociales que orbitan alrededor del Evita.
Las tribus de Juan Grabois son “cayetanos”.
Gente que no entiende, gerentes de la pobreza. No como La Cámpora.
Si en el ’45 el peronismo fue el canal por el que la clase trabajadora se incorporó a las instituciones, para sostener consistencia debe adaptarse ahora para representar también a los trabajadores de la “economía popular” que, mal que le pese a Cristina, se referencian en los movimientos sociales
Adaptaciones opositoras
También en Juntos por el Cambio advierten el carácter indispensable adquirido por los “fierros” del asistencialismo.
María Migliore, ministra de Desarrollo Social y Hábitat del alcalde la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, aprovechó la fractura oficialista y consideró que “la economía popular existe y produce valor, y el Estado debe integrarla”.
En Catamarca, el diputado nacional de la Coalición Cívica-ARI, Rubén Manzi, expresó sus inquietudes por el impacto en la calidad institucional que provocaría la descentralización propuesta por Cristina.
“Uno de los problemas graves de la Argentina es la democracia de baja calidad en el interior, y entregar la administración de esos planes a los gobernadores terminaría por acentuar la tendencia a crear feudos, unicatos donde el Gobernador termina siendo jefe del gobierno, del partido político, de la Justicia y la Legislatura, lo cual es sumamente dañino para la sociedad y para la democracia”, consideró.
Manzi conoce por experiencia el valor que tienen los programas sociales para afirmar fidelidades. Su hijo Mariano, presidente del Congreso partidario provincial, fue Gerente de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación en Catamarca en la administración Macri.
Ver también en El Estaño
https://elestanio.com.ar/de-la-carta-de-grabois-al-acampe/
