Zaraive Garcés Rusa negó haber denunciado a Cristian Guillou por la usurpación del complejo nocturno. El fiscal Hugo Costilla abrió un expediente penal contra el empresario por una presentación realizada en nombre de la venezolana por el abogado Carlos Correa.
Según Zaraive Celeste Garcés Rusa, ex esposa de Edgar Adhemar Bacchiani, el fiscal de instrucción Hugo Costilla abrió una causa penal en contra del empresario Cristian Guillou en base a una denuncia fraudulenta interpuesta por el abogado Carlos Correa, a quien ella y su ex esposo sindican como cabecilla del grupo que los extorsionó para despojarlos de propiedades inmuebles.
Garcés Rusa desmintió haber denunciado a Guillou por la usurpación del complejo nocturno Wika y sumó un nuevo ingrediente controversial a los procedimientos que se desarrollaron en torno a la propiedad en la Fiscalía de Costilla: este planteo que la venezolana desconoce, presentado en enero de 2022 en la Unidad Judicial Nº 5 por Correa, sirvió para gatillar el expediente contra el empresario cuando éste retomó la posesión de Wika.
Costilla no llamó a ratificar la denuncia a la ex de Bacchiani, pero imputó a Guillou unos días después en función de una presentación posterior, que aparece recién en las fojas 35/36 del expediente, radicada por Sofía Piña, también ex pareja del “trader”.
En una denuncia radicada en julio del año pasado por el chantaje para hacerle firmar papeles vinculados a transferencias de inmuebles al que la habrían sometido Correa, la escribana Joaquina Córdoba Gandini y el ex abogado de Bacchiani Lucas Retamozo, Garcés Rusa negó específicamente haber denunciado la usurpación de Wika.
“Luego de una semana aproximadamente, me entero por los medios de comunicación que yo, supuestamente, había denunciado al ciudadano Cristian Guillou, por el motivo de que me apersoné al local bailable Wika, donde tuvimos una discusión con este chico Cristian y él me habría agredido físicamente. Desconozco toda esa situación. En ningún momento fui al boliche ni tampoco radiqué esta denuncia”, dijo.
También desmintió que el empresario Alejandro Segli le hubiera entregado dinero por la compra de Wika.
“Todo es mentira», aseguró.
La denuncia que Garcés Rusa desconoce, presentada en enero de 2022 en la Unidad Judicial Nº 5 por el abogado Carlos Correa, gatilló la causa penal contra Cristian Guillou cuando éste retomó la posesión de Wika
El 26 de febrero del año pasado, el juez de Garantías Marcelo Sago rechazó un pedido para desalojar a Guillou de Wika presentado por Costilla.
A criterio del juez, la posesión del complejo debía dirimirse en sede civil y el fiscal no había probado los extremos que justificaran el desalojo requerido.
Además, destacó como “detalle curioso” la participación en el expediente que Costilla permitió a Segli, pese a la carencia de elementos formales permitieran considerarlo denunciante o querellante particular en la causa.
Estas singularidades del litigio por Wika se concatenan con las críticas que Sago descargó sobre Costilla el 31 de octubre del año pasado, cuando rechazó la desestimación de la causa iniciada por Guillou propuesta por el fiscal.
El juez cuestionó que Costilla no hubiera investigado los elementos que marcaban la posibilidad de maniobras tendientes a provocar la insolvencia fraudulenta de Bacchiani, ejecutadas por Retamozo, la escribana Córdoba Gandini y Garcés Rusa, entre otros.
“El fiscal pareciera haberse ocupado más de desacreditar a la víctima como persona que de analizar los hechos susceptibles de persecución penal de oficio que llegaron a su conocimiento por medio de aquellas denuncias”, conjeturó Sago.
“Este aparente entramado de personas involucradas y vinculadas entre sí ameritan una investigación más profunda por parte del Ministerio Público Fiscal, y no limitarse a que todo forma parte del despliegue de una acción vengativa del denunciante en contra de Bacchiani, porque, aún cuando así lo fuera, el deber del fiscal es investigar de manera seria y objetiva la sospecha fundada sobre la existencia de hechos subsumibles en una figura penal y establecer los presuntos responsables de los mismos”, advirtió el magistrado.
Costilla, subrayó, “ni siquiera verificó la fecha a partir de la cual Bacchiani habría estado inhibido para disponer libremente de sus bienes” y “tampoco solicitó al Colegio de Escribanos el resultado de lo actuado en relación con las supuestas irregularidades en la actuación notarial por parte de la escribana adscripta Joaquina Córdoba Gandini”.
La causa pasó a manos del fiscal Juan Manuel Sánchez Ruiz.
Además de las heterodoxias procesales de los trámites sobre Wika, contribuyen a poner el foco sobre la Fiscalía de Costilla las absoluciones pagas de los cuatro asaltantes del barrio Parque América, que él propuso y el juez de Garantías Rodolfo Maidana homologó.
El asaltado que se allanó a extinguir la acción penal a cambio de una indemnización es Matías Rolón Reynoso, ex ejecutivo de RT Inversiones, otro de los procesados por las cripto-pirámides.
Hay un pedido de juicio político contra los dos funcionarios judiciales que comenzará a moverse el mes que viene y una investigación a cargo de la fiscal Paola González Pinto sobre la circunstancias que rodearon el acuerdo entre Rolón Reynoso y los asaltantes legalizado por ambos.
Ver también en El Estaño
https://elestanio.com.ar/la-rapina-del-botin-bacchiani/
https://elestanio.com.ar/impunidad-tarifada/