Numerosos indicios dan cuenta de una estructura diseñada por los abogados Carlos Correa y Lucas Retamozo y la escribana Joaquina Córdoba Gandini para despojar al “Trader God” de los bienes adquiridos con el producto de las operaciones en “Adhemar Capital”
El sistema judicial de Catamarca no profundizó las investigaciones sobre posibles maniobras diseñadas para apoderarse del patrimonio de Edgar Adhemar Bacchiani en las que estarían involucrados sus ex abogados Carlos Correa y Lucas Retamozo y la escribana Joaquina Córdoba Gandini, entre otros.
Los primeros indicios sobre una organización de este tipo fueron aportados por la ex esposa y socia de Bacchiani, Celeste Zaraive Garces Rusa, quien en agosto de 2022, al oponerse a un pedido de prisión domiciliaria interpuesto por el financista, reveló que había iniciado los trámites del divorcio y que Bacchiani había transferido sus bienes más onerosos a nombre de “testaferros”.
Según Garcés Rusa, la escribana Joaquina Córdoba Gandini se negaba a entregarle la lista de estas operaciones, que se habían realizado en su escribanía. La mujer le reclamaba a Bacchiani el local de la estética en la que trabaja, una casa en El Rodeo que está a nombre de un tercero al que no identificó y “dos millones de dólares en todo concepto, englobando daño moral y compensación económica”.
Estas manifestaciones de la venezolana, que también está procesada en la causa que se tramita en el Juzgado Federal, fueron corroboradas a fines de agosto por Bacchiani.
En una ampliación de su indagatoria, el “trader” ofreció para pagar las deudas de “Adhemar Capital” un conjunto de inmuebles cuyos títulos, aseveró, Correa, Córdoba Gandini y Retamozo le arrebataron mediante chantajes.
“El doctor Correa –relató Bacchiani- me dijo que tenían un pozo de inversión que rondaban los 800.000 dólares de gente muy pesada”.
“Te voy a dar un consejo. Yo sé que estás vendiendo propiedades para liquidez, así que te sugiero que nos des los papeles. Yo los voy a poner a nombre de personas que son intocables de aquí de Catamarca y, si en algún momento necesitamos liquidez, me voy a hacer cargo de liquidar esas propiedades y ponerlas a disposición tuya. Pero mientras tanto, van a estar en mi poder y no a disposición tuya. Caso contrario, te voy a hacer mierda”, le habría dicho Correa.
“A partir de ahí –continuó su narración Bacchiani- nos fuimos a la casa de Zara (Garcés Rusa). Yo hablé con ella, le comenté la situación y accedí a sus peticiones. Después vinieron más aprietes, no fue el único. Este apriete fue en febrero del 2022, más o menos, entre el 15 al 20 de ese mes. Luego me hicieron firmar papeles en el mes de marzo y, estando preso, a través de Lucas Retamozo, también firmé. Él me llevaba al servicio penitenciario para que firme, en nombre del doctor Correa. La escribana Gandini fue parte, ella estaba, escuchaba lo que decía Correa”, dijo.
“Toda la documentación está en manos de Correa”, orientó a los pesquisas.
Las propiedades mencionadas por Bacchiani en ese momento fueron:
- Mil lotes de 13×30 metros en Valle Viejo, cuyo valor calculó en $5.000.000 cada uno: $5 mil millones en total.
- Loteo Wika, de ocho hectáreas.
- Un lote con construcción en la avenida Ocampo 2074.
- Un local comercial en el centro de la Capital.
- La estética de su ex esposa.
- El salón de fiestas Lotus.
- Dos dúplex en la zona oeste capitalina.
- Un terreno con una casa prácticamente terminada, ubicada tres cuadras al oeste de continuación de la avenida Juan Pablo Vera.
- Un lote con tinglado detrás de donde funcionaba “Adhemar Capital”, en inmediaciones de la estación YPF de avenida Illia.
Estos bienes, dijo Bacchiani, “fueron manipulados y espuriamente sacados de mi mano bajo presiones sobre mi persona, mis dos hijos, mi ex mujer y mi actual hijo”.
“La mayoría de esos inmuebles han sido cedidos a amigos y/o parientes de las personas que me asesoraban mediante maquinaciones y ardides extorsivos”, denunció.
El 4 de julio pasado, Garces Rusa, ya divorciada de Bacchiani, radicó una nueva denuncia contra Correa y Córdoba Gandini, en términos similares a la desplegada por el “trader”.
Relató que la noche del 17 de febrero de 2022, ella estaba en su casa con su madre y su hijo, y se presentaron en su domicilio Bacchiani, Correa y Córdoba Gandini.
«En ese momento no entendía por qué vino toda esta gente a mi casa. Correa empezó a decirme: ‘vos tenés que firmar estos documentos porque si no te van a meter presa, mirá tu situación, vos no sos ciudadana argentina, pensá en tu hijo’. Me decía que si yo iba presa, con quién iba a dejar a mi hijo. ‘Tenés que firmar estos documentos para que Edgar los pueda resguardar, y si no lo hacés vas a tener repercusiones legales y vas a ir en cana’. Estaba nerviosa, le preguntaba a Edgar y me decía que firme todos los papeles», contó.
Correa le explicó que los papeles «correspondían a propiedades».
«Eran boletos de compra-venta y también me hicieron firmar varias páginas en blanco de un libro. Toda esta documentación, si no ponía la firma, no tenía validez en el caso de que se hiciera alguna transacción de alguna propiedad, ya que en ese momento nos encontrábamos legalmente casados con Edgar», dijo.
El abogado Carlos Correa aparece como el jugador central de las supuestas maniobras para depredar el botín Bacchiani. En la causa por estafas reiteradas de Córdoba, cuyo juicio se iniciará el 7 de febrero, obran escuchas telefónicas que lo complican con su colega Lucas Retamozo
La clave Carlos Correa
Carlos Correa aparece como el jugador central de las supuestas maniobras para depredar el botín.
El abogado ingresó a Adhemar Capital a principio de 2021 recomendado por su jefe Eduardo Guerrero, propietario de la Inmobiliaria Guerrero, donde funcionaba una de las tantas oficinas satélite de Bacchiani. Además, invirtió representando intereses propios y de otros inversionistas, entre ellos varios familiares.
Según informó, sus actividades dentro de la financiera duraron varios meses y estuvieron relacionadas con el asesoramiento especializado en cuestiones de organización empresarial y comercial. Por sus trabajos, declaró ante la Justicia, no percibió contraprestaciones.
Sin embargo, la exgerenta de la sucursal cordobesa Aldana Donato dijo en sede judicial que Correa estuvo en Adhemar Capital hasta febrero de 2022 “como asesor” y pieza clave en las reestructuraciones de deuda realizadas en Córdoba cuando sobrevino la crisis.
El poder de decisión de Correa dentro de la empresa también fue expuesto por el gerente José Blas, quien en una declaración aseguró que el abogado formaba parte de una “mesa chica” integrada además por Retamozo.
“Otra mesa chica era con los encargados o gerentes de la sucursal, Sarroca y yo. En esta mesa chica obviamente él (Correa) trataba cuestiones operativas de la sucursal (…) determinaba planes y los bajaba a la mesa para que nosotros los bajemos al staff de asesores», dijo Blas.
La escribana Joaquina Córdoba Gandini, por su parte, declaró en enero de 2023 que Correa «claramente estaba disponiendo de los bienes (de Bacchiani), de los cuales de muchos ellos yo tenía la documentación por la labor que había realizado y de otras no, porque no había participado».
Escuchas comprometedoras
Correa entabló una importante relación con su colega Retamozo, con quien mantuvo varias comunicaciones telefónicas en abril de 2022. Las líneas ya estaban intervenidas por orden judicial y los diálogos entre ambos fueron incorporados por la fiscal de delitos Complejos de Córdoba, Valeria Rissi, al requerimiento de la elevación a juicio de Bacchiani, que será juzgado en esa provincia por estafas reiteradas a partir del 7 de febrero.
Dos días antes de la detención de Bacchiani, José Blas y Alexis Sarroca, Retamozo y Correa intercambiaron criterios para recuperar los millones invertidos y cobrar honorarios a través de la enajenación de propiedades y su posterior venta.
Correa llamó a Retamozo y le advirtió que Bacchiani podría sortear la cesación de pagos y su detención ofreciendo en venta propiedades que había transferido a testaferros.
“El tipo (Bacchiani) expone las propiedades diciendo que son de él y que están blindadas con testaferro”, conjeturó Correa y propuso: “Es el momento de despegarnos de la figura que él dice que es…”.
“Los tipos están investigados por asociación ilícita. O sea, han vaciado una empresa, se han quedado con guita de gente. El tipo no puede dar respuesta. En los últimos 60 días se hicieron transferencias de las cuentas que supuestamente estaban bloqueadas… ya vendió la camioneta ¿entendés? O sea, a esta altura lo que está haciendo es desapoderándose de todo para quedar desnudo, con una fortuna digitalizada. Ésa es la estrategia”, le explicó a Retamozo.
Correa advirtió que, para afrontar eventuales gastos, Bacchiani “va a necesitar patrimonio garantizable, patrimonio físico (…). Si el tipo sale a ofrecer las propiedades como propias, las expone. Bajo la figura de un supuesto testaferro el tipo nos expone a nosotros, ¿me entendés? Entonces, la posición que yo quiero plantear -obviamente vos tenés tu derecho-, es decirle ‘yo no voy a salir a vender para vos, yo no voy a salir a exponer así».
La respuesta de Retamozo puso en evidencia a Correa: “Nosotros no tenemos que salir a vender por él. Que diga él: ‘A ver, yo vendo estas propiedades, hablen con Carlitos (Correa) porque él es el que me maneja el tema de papeles’, y punto”.
Retamozo consideró que en las maniobras pergeñadas ambos debían “sacar una tajada” y ante la potencial imposibilidad de cobrarle a Bacchiani.
Correa apuntó: «Que se olvide de las propiedades, boludo, que se olvide de las propiedades. A esta altura nos tenemos que cruzar de vereda porque este tipo nos lleva puestos y nos arrastra con él. Yo ya no quiero ser el que maneja las propiedades porque yo voy a pasar a ser él… una parte del cerebro de la defraudación”.
El juez de Garantías Marcelo Sago rechazó la desestimación y archivo del expediente Wika con durísimas críticas al fiscal Hugo Costilla por no haber investigado maniobras tendientes a insolventarse que Bacchiani podría haber realizado con la colaboración de su abogado Lucas Retamozo, su contador, Iván Segovia, y la escribana Joaquina Córdoba Gandini
La conexión Wika
Más elementos que sustentan las acusaciones de Bacchiani y Garces Rusa surgieron en la causa penal por la posesión del complejo nocturno Wika, conexa a la de las criptoestafas, iniciada por el empresario Cristian Guillou.
El juez de Garantías Marcelo Sago rechazó la desestimación y archivo del expediente con durísimas críticas al fiscal Hugo Costilla por no haber investigado maniobras tendientes a insolventarse que Bacchiani podría haber realizado con la colaboración de Retamozo, Córdoba Gandini y su contador, Iván Segovia.
El 31 de octubre pasado, Sago consideró que el cierre de las actuaciones solicitado por Costilla, aparte de carecer de “argumentación sólida”, era “cuanto menos apresurado en orden a la entidad de los delitos denunciados y la prueba obrante en el expediente”.
Para el juez, el fiscal debió haber profundizado las indagaciones sobre “un eventual desapoderamiento u ocultación patrimonial de inmuebles por parte del señor Edgar Adhemar Bacchiani a través de terceras personas como su esposa o exesposa, Zaraive Celeste Garcés Rusa, también denunciada, utilizando para ello los servicios de la escribanía” de Córdoba Gandini.
“La sospecha –indicó Sago- está dada por una eventual insolvencia fraudulenta tendiente a evitar hacer frente, con la subasta de esos inmuebles, a las obligaciones y deudas supuestamente contraídas por el señor Bacchiani”.
En tal sentido, cuestionó que Costilla no haya considerado las pruebas de cesiones de derechos que Bacchiani hizo a favor del suegro de Retamozo, la madre de Segovia y el empresario Alejandro Segli, que también reclama derechos sobre Wika.
Todas las operaciones fueron certificadas por Córdoba Gandini, quien al parecer dejaba en blanco páginas de su libro notarial o hacía asientos parciales, con espacios libres para rellenar, con el propósito de poder maniobrar con las fechas de las operaciones cuando Bacchiani estaba ya inhibido para disponer de ellos.
“Este aparente entramado de personas involucradas y vinculadas entre sí ameritan una investigación más profunda por parte del Ministerio Público Fiscal, y no limitarse a que todo forma parte del despliegue de una acción vengativa del denunciante en contra de Bacchiani, porque, aún cuando así lo fuera, el deber del fiscal es investigar de manera seria y objetiva la sospecha fundada sobre la existencia de hechos subsumibles en una figura penal y establecer los presuntos responsables de los mismos”, advirtió el juez.
Añadió que Costilla “ni siquiera verificó la fecha a partir de la cual Bacchiani habría estado inhibido para disponer libremente de sus bienes” y “tampoco solicitó al Colegio de Escribanos el resultado de lo actuado en relación con las supuestas irregularidades en la actuación notarial por parte de la escribana adscripta Joaquina Córdoba Gandini”.
La causa pasó a manos del fiscal Juan Manuel Sánchez Ruiz.
En mayo de 2022, un acreedor de Bacchiani interpuso en la Justicia provincial una denuncia contra el “trader” y sus presuntos cómplices por estafa reiterada, coacción y asociación ilícita, en la que exigió la inmediata intervención judicial de “Adhemar Capital” y el decomiso de los bienes de los acusados y lo que pudieran haber transferido a terceros
El blindaje frustrado
En mayo de 2022, un acreedor de Bacchiani interpuso en la Justicia provincial una denuncia contra el “trader” y sus presuntos cómplices por estafa reiterada, coacción y asociación ilícita, en la que exigió la inmediata intervención judicial de “Adhemar Capital” y el decomiso de los bienes de los acusados y lo que pudieran haber transferido a terceros.
Su abogado hizo hincapié en la necesidad de sustraer el caso de la esfera federal, porque los fondos estafados a su cliente -76 mil dólares- tenían indubitable origen lícito y por lo tanto no era aplicable la figura de lavado de activos. Además, cuestionó el trámite de la investigación federal, en particular porque no se habían dispuesto medidas cautelares para inmovilizar los bienes de los encartados y sus allegados, a los fines de garantizar la reparación de los perjuicios y evitar que se insolventen de forma fraudulenta.
“La culminación de todo este proceso defraudatorio –señaló la presentación- se encuentra con la insolvencia fraudulenta de todos los participantes de la asociación ilícita, que durante el transcurso del año 2021 transfirieron sus bienes sin ninguna razón lógica y legal, con el solo fin de poner en resguardo las riquezas cosechadas ilícitamente”.
El letrado recordó reformas introducidas en el Código Penal para “excluir la posibilidad de que el autor del hecho obtenga un lucro como consecuencia del delito”, y destacó entre ellas la incorporación de “la figura del decomiso sin condena (también llamado “decomiso anticipado”) respecto de los delitos contra el orden económico y financiero”.
También, que el Ministerio Público Fiscal de la Nación, jefatura de los fiscales federales, redactó en 2018 “una guía de medidas cautelares para el recupero de activos”, que en la investigación federal de Catamarca no se habría seguido.
La presentación incluía una suerte de inventario provisorio de lo que Bacchiani y sus laderos habrían obtenido con el fraude. Aparte de las presuntas cuentas en criptomonedas, mencionó:
- “El señor Edgard Adhemar Bacchiani, en un breve lapso, adquirió dos locales gastronómicos(la cadena Medialunas Calentitas y Papanato); un local bailable (Wika); un local de estética. Se encontraba en plena construcción de un local para instalar la franquicia Tuluka (gimnasio de crossfit), negocios inmobiliarios varios, viajes por el mundo. Mención aparte merece su parque automotor, compuesto de cuatro automotores importados, dos Mercedes Benz, un Chevrolet Camaro, una Ferrari y un camión, entre otros, el que asciende aproximadamente a la suma de 2.000.000 de dólares, los que misteriosamente desaparecieron de Catamarca”.
- “El Señor José Blas,de vivir en un dúplex, adquirió una fastuosa casa donde vive actualmente, cuya existencia todos conocen, a lo que debe añadirse la construcción de otras fastuosas viviendas en el Barrio La Estancita y la localidad de El Rodeo, más la construcción de aproximadamente 8 viviendas en la Capital, a modo de inversión, más la compra de automotores importados (Audi y BMW)”.
- “El Señor Franco Alexis Sarroca se construyó una fastuosa vivienda en el barrio La Estancita y otra en la localidad de el Rodeo, adquirió autos importados e hizo inversiones varias”.
El planteo fue derivado a la Justicia Federal.