El radical Ramón Edgardo Acuña y Vicente Saadi acordaron la vacancia de las bancas legislativas en la reforma constitucional de 1965 y casi voltean al gobierno de Armando Navarro. Arnoldo Castillo fue elegido intendente de la Capital, pero el golpe de Onganía le impidió ejercer el mandato.
La Convención que reformó la Constitución catamarqueña en 1965 tuvo un desenlace polémico y abrió antagonismos que se extendieron durante décadas.
Tres personajes de aquel proceso, desarrollado bajo el gobierno de Armando Navarro, se destacan por su proyección posterior: Ramón Edgardo Acuña, Vicente Saadi y Arnoldo Castillo, cuyos destinos volverían a cruzarse 23 años después, en la controvertida enmienda de 1988.
Castillo recién arrancaba su trayectoria y jugaba bajo el ala de Navarro. Saadi maniobraba para sostener su gravitación, con el peronismo proscripto y Perón en el exilio.
La Constituyente del ’65 casi concluye con el mandato de Armando Navarro. Edgardo Acuña la presidió, Vicente Saadi encabezó la bancada justicialista y Luis Lobo Galíndez la de la UCR del Pueblo
Acuña, uno de los puntales de la reforma, era en cambio un peso pesado no sólo en la UCR de Catamarca sino también a nivel nacional. Militante de FORJA en sus orígenes, legislador provincial y nacional, presidió la comisión de Relaciones Exteriores del Senado durante la presidencia de Arturo Illia. Durante su mandato, abandonó junto a Ricardo Bassi el bloque radical por no estar de acuerdo con elevar la cuota argentina ante el FMI. En septiembre de 1965, ambos senadores presentaron un proyecto de ley propiciando que Argentina se desafiliara del FMI, el BIRF y la Corporación Financiera Internacional.
En virtud de la reforma, Arnoldo fue elegido al año siguiente intendente de la Capital, aunque no pudo ejercer el cargo por el golpe de Estado de la Revolución Argentina, que llevó a la Presidencia a Juan Carlos Onganía.
La Constituyente, que deliberó entre octubre y el 31 de diciembre de 1965, casi concluye con el mandato de Navarro. Edgardo Acuña la presidió, Saadi encabezó la bancada justicialista y Luis Lobo Galíndez la de la Unión Cívica Radical del Pueblo.
La maniobra
El conflicto se desató cuando Acuña acordó con Saadi declarar vacantes las bancas legislativas una vez que la nueva Constitución fuera sancionada. Esto obligaba a convocar a elecciones para diputados y senadores, a lo que Navarro se oponía.
Por ese entonces, Castillo no tenía ningún cargo de relevancia en el esquema del poder provincial. Quienes sí ocupaban puestos importantes eran su hermano Augusto, director de Vialidad Provincial, y Jorge Luis Acevedo, director de Ceremonial y Protocolo.
Acuña había propuesto que la Constituyente diera por tierra con todo el Gobierno, de forma que se eligieran nuevamente la totalidad de los cargos. Saadi no estuvo de acuerdo con ir tan lejos. Alegó la posibilidad de que el Gobierno nacional interviniera la provincia.
Sin embargo, los dos dirigentes carecían de la mayoría necesaria para imponer el artículo transitorio que estableciera la vacancia de los escaños. Para avanzar con el operativo, necesitaban que faltaran a la sesión clave algunos representantes de Navarro.
La oportunidad se les dió el 30 de diciembre, un día antes del cierre, con el faltazo de tres convencionales navarristas.
Las ausencias le posibilitaron a los aliados antinavarristas sancionar el artículo 295, por el que se dispuso que la Legislatura en funciones duraría hasta «el 30 de abril de 1966, fecha en que caducarán los mandatos de todos sus miembros».
La situación política se tensó al máximo y hasta apareció una bomba en la casa de Acuña, ubicada frente a la Sociedad Española.
Elecciones y golpe
Si bien Navarro había logrado salvar su Gobernación, las elecciones legislativas, realizadas el 29 de mayo de 1966, le resultaron adversas. La Unión Justicialista se impuso por 31.218 votos contra 28.742 de la UCR del Pueblo.
El Justicialismo se quedó así con la mayoría y el quórum en las dos cámaras.
Ante la derrota, el gabinete de Navarro renunció en pleno, con su ministro de Gobierno, Alfonso de la Vega, a la cabeza, pero el mandatario rechazó la mayor parte de las dimisiones.
En virtud de la reforma del ‘65, Arnoldo Castillo fue elegido al año siguiente intendente de la Capital, aunque no pudo ejercer el cargo por el golpe que llevó a la Presidencia a Onganía
Arnoldo Castillo atenuó el sinsabor del navarrismo. Consiguió ganar la intendencia de la Capital en la primera elección que se realizó para ese cargo, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución reformada.
Todos los esfuerzos y las operaciones, sin embargo, revelarían su inutilidad al poco tiempo.
El 28 de junio de 1966, la Revolución Argentina impuso a Juan Carlos Onganía en la Presidencia.
Castillo estuvo solo un día a cargo de la intendencia capitalina, que luego volvería a ocupar en el Proceso de 1976 para saltar de allí a su primera gestión como gobernador. Los legisladores nunca pudieron asumir a sus bancas.
Pasaría un cuarto de siglo hasta que Oscar Castillo iniciara su embestida dentro del radicalismo local y reinsertara a su padre en el partido.
Fue en la reforma constitucional de 1988, acordada entre Vicente Saadi y Raúl Alfonsín, donde Edgardo Acuña, acusado de ser el gestor del pacto, terminaría expulsado de la UCR junto a Pedro Murad, Gabino Herrera, Juan Carlos Barros, Carlos Colla, Miguel Curi y Julio Espeche.
