En diciembre de 2017, el Gobierno de Catamarca liberó a la multinacional Livent de la obligación de contar con la anuencia de la Provincia para ceder sus derechos para la explotación de litio en el Salar del Hombre Muerto.
Esta condición había sido taxativamente establecida en la cláusula 24.1 del contrato original firmado en 1991, en las postrimerías del gobierno de Ramón Saadi, entre la Provincia, Fabricaciones Militares y Minera del Altiplano, una empresa controlada por FMC Corporation, que luego sería Livent.
El inciso decía: “El presente contrato solo podrá ser cedido por cualquiera de las partes con la previa conformidad por escrito de la otra. Luego de la fecha de puesta en marcha, dicha conformidad no podrá ser denegada en forma irrazonable”.
Un cuarto de siglo después, la administración de la gobernadora Lucía Corpacci añadió el párrafo: “Las partes acuerdan que FMC Corporation (Livent) y sus sucesoras podrán ceder, en cualquier momento y sin el consentimiento de la Provincia, la totalidad de sus derechos y obligaciones bajo este acuerdo y sus modificaciones a una compañía vinculada, ya sea presente o futura, incluyendo compañías vinculadas que fueran creadas con el propósito de convertirse en compañías públicas independientes que coticen y comercialicen libremente sus acciones en los mercados de valores internacionales”.
Al amparo de esta modificación, Livent se fusionó con la australiana Allkem (previamente Galaxy) en enero de este año para conformar Arcadium Litihum, grupo que diez meses después procedió a una nueva transacción de alto impacto. En ella, el holding Rio Tinto la adquirió por 6.700 millones de dólares en efectivo.
La intervención del ministro de Minería catamarqueño Marcelo Murúa fue esclarecedora. Al escaparse por las tangentes e intentar involucrar a la oposición en el enjuague, confirmó que no existe una explicación sensata, o confesable, que justifique la canonjía otorgada en 2017.
“Es importante señalar que las condiciones del contrato de 1994, acordadas por el gobierno del Frente Cívico y Social, definieron las limitaciones actuales sobre la participación de la Provincia”, dijo el funcionario.
Aseveró que en 2017, ante una nueva modificación del contrato con la empresa minera, la oposición de ese momento en la Legislatura dijo que las modificaciones introducidas “simplemente” equipararon a Minera del Altiplano S.A. con el resto de los titulares de concesiones mineras, permitiéndoles disponer libremente de sus derechos bajo la normativa actual del Código de Minería de la Nación.
Los cambios en el contrato original de 1991 se operaron para permitirle a Livent financiar una inversión de 300 millones de dólares. Si bien es cierto que la operación litífera en Catamarca es solo una parte del paquete transferido a Río Tinto, Livent tiene el 44% de Arcadium. Le correspondería un porcentaje similar de la transacción: casi 3.000 millones de dólares, diez veces más que la inversión primigenia.
Lo que Murúa no alcanzó a explicar es qué beneficios obtuvo la Provincia de Catamarca a cambio de configurar el escenario jurídico propicio para que semejante negocio se desarrollara al margen de la voluntad de la Provincia.
Las operaciones de Livent no requerían la exclusión del Estado catamarqueño. Livent podría haberlas ejecutado con solo gestionar el consentimiento de la Provincia, que por otro lado solo podría haberse negado oponiendo argumentos “razonables”.
Resignación de soberanía
Es comprensible que no pueda hacerlo. La maniobra se realizó en la gestión gubernamental de la actual senadora nacional Lucía Corpacci, cuando él era solo un diputado provincial recién ingresado al bloque oficialista.
Tampoco debe resultarle sencillo congeniar los términos del convenio de 2017 con la retórica antiimperialista tan cara al kirchnerismo en el que abreva: lo que se confirma al comparar los contratos de 1991 y 2017 es una incontrastable resignación a favor de Livent de la soberanía que la Provincia tenía sobre las áreas y derechos que habían concedidomás de un cuarto de siglo antes.
Esta entrega se asentó explícita en los cambios introducidos al convenio original en 2017, con una especificidad llamativa.
Livent hizo exactamente lo que la modificación establecía como posibilidad: se asoció con Allkem en Arcadium y luego vendió todo a Río Tinto.
El asunto no es la venta, sino que haya podido realizarse “sin el consentimiento de la Provincia”, gracias a la modificación de 2017.
La preocupación por anular intromisiones estatales se torna más sugestiva en cuanto se advierte que nada impedía a Livent ceder sus derechos en el contrato de 1991, salvo que para hacerlo debía contar con “la previa conformidad por escrito” del Estado. Y esta conformidad no podía “ser denegada en forma irrazonable”.
De tal modo, las operaciones que Livent realizó desde 2017 no requerían excluir al Estado catamarqueño del circuito. Livent podría haberlas ejecutado con solo gestionar el consentimiento de la Provincia, que por otro lado solo podría haberse negado oponiendo argumentos “razonables”.
Catamarca tiene dos directores y un síndico en Minera del Altiplano-Livent en virtud de que el convenio de 1991 le entregó una acción clase A del holding a la Provincia y otra a Fabricaciones Militares.
Los que participaron de la reunión anual de accionistas previa al convenio, el 20 de julio de 2017, designados por la administración Corpacci, fueron el por entonces secretario de Minería, Rodolfo Micone, y la directora de Minería, Ana Ulla.
Mala praxis
Son curiosos los servicios que los operadores del nacionalismo, tan celosos de los intereses patrios amenazados por el RIGI, han prestado a las multinacionales.La abdicación de facultades provinciales soberanas perpetrada en 2017 permitióuna concentración de capital sin precedentes en el área argentina del “triángulo del litio”.
Hasta septiembre pasado, Arcadium Lithium promocionaba sus intenciones de continuar expandiéndose, pero en octubre anunció la venta a la anglo-australiana Río Tinto, que es la segunda corporación minera y metalúrgica más grande del mundo y tiene su sede en Londres. Río Tinto ya extiende su intervención en la Argentina hacia la explotación de cobre, más rentable que la del litio.
El antiimperialismo catamarqueño habrá de admitir que por lo menos quedó incurso en mala praxis.
En 2017 emasculó a la Provincia y la despojó de facultades que le habrían resultado muy útiles para mejorar sus posiciones en el escenario que abre el RIGI.
Al menos en los balances de la Patria, no se registró ningún beneficio de tamaña agachada.
