El suicidio de Luz Villafañe fue el desenlace de una historia de vida signada por el dolor, las señales de su rumbo trágico y la impotencia o incompetencia del Estado para contenerla.
Insistente, Luz Villafañe vivió plantando indicios de su desesperación entre sus familiares y amigos, en la escuela, en las instituciones estatales.
El 12 de noviembre de 2016, quizás cansada, se mató horas después de participar de una fiesta en la que un muchacho aprovechó que estaba intoxicada para violarla.
Cargaba 13 años de intenso sufrimiento.
Sus últimas horas condensaron la indiferencia.
Agentes de la Unidad Judicial Nº 6 de la provincia de Catamarca se negaron a tomar la denuncia por su desaparición que pretendía radicar su madre, Jaqueline Quevedo. En el Hospital de Niños Eva Perón no la examinaron para constatar si había sido abusada, como aseguraba su madre.
El sistema que no supo, no pudo o no quiso contenerla, fue muy eficaz para quitarse a sí mismo de la línea de fuego.
Pese a la investigación de la Fiscalía de Estado que determinó que el personal del Hospital de Niños no había cumplido con los protocolos establecidos para casos hipotéticos de abuso sexual y consumo de drogas, las personas que la atendieron antes del suicidio fueron sobreseídas por la justicia.
El que no tomó la denuncia por desaparición en la Unidad Judicial Nº 6 zafó con un inconveniente curricular: sumario, a gatas una mácula en su foja de servicios,.
J.J. U., el adolescente que la ultrajó en la fiesta, en cambio, fue condenado a seis años de prisión por la Cámara Penal Juvenil. Culpas tuvo, sin dudas, pero la impunidad de los funcionarios que abjuraron de sus responsabilidades lo convierte, en definitiva, en chivo expiatorio.
El sistema que no supo, no pudo o no quiso contener a Luz Villafañe fue muy eficaz para quitarse a sí mismo de la línea de fuego
Sentencia lapidaria
Rodrigo Morabito, Luis Guillamondegui y Mauricio Navarro Foressi, miembros de la Cámara Penal Juvenil, consignaron la defección del Estado en su fallo: “La pérdida de vida de Luz se podría haber evitado si se hubiese actuado con debida diligencia reforzada y perspectiva de género”.
Indicaron que Luz había tenido “relaciones sexuales que los médicos catalogaron de consentidas sin haber constatado esa situación, pues ¿cómo podían saberlo si no practicaron el protocolo? ¿Cómo fue posible llegar a la conclusión de que una niña intoxicada de tan solo 13 años podía prestar válidamente su consentimiento para una relación sexual? En otras palabras, ¿no son motivos por demás suficientes que una niña llegue a un hospital infantil, habiendo consumido psicofármacos y alcohol, con marcas en el cuerpo y poniendo en conocimiento la existencia de relaciones sexuales, para sospechar la existencia de un abuso sexual?”, remarcaron.
El blindaje en torno al Estado desertor contó con cobertura política.
«Yo lo primero que siento y lo tengo que decir sobre la terrible tragedia de una niña de 13 años, es que soy madre -mi hija tiene exactamente 12 años- y la verdad que yo veo eso y son cosas que a una le ponen piel de gallina. Por la circunstancia de todo, de la vida de esa criatura, es lo primero que yo siento y la verdad que por lo demás, tengo que decir que confío en los profesionales del Hospital de Niños», dijo la entonces gobernadora Lucía Corpacci, médica de profesión.
«La causa está en la Justicia, la historia clínica está en la Justicia y se actuó de acuerdo con el protocolo», sentenció.
Retrospectiva
Los reiterados pedidos de auxilio de Luz surgieron de la “autopsia psicológica”, una herramienta de investigación nueva en el sistema penal catamarqueño, reconstrucción retrospectiva que demanda “un trabajo de hormiga”, que “amplió la ventana a meses atrás” de la fiesta donde Luz fue abusada.
“Hay un esquema de responsabilidad. La omisión de cuidado no exime a alguien de culpa; la omisión de intervención no exime de culpa”, dijo la psicóloga Karina Cuello
“El episodio de la fiesta fue un eslabón dentro de una historia mucho más amplia”, explicó la licenciada Karina Cuello, psicóloga del Equipo Interdisciplinario de los Juzgados de Ejecución Penal, en una entrevista concedida al programa Siete y Medio, de Multimedios Ancasti.
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“La situación de dolor estaba instalada, y había una dificultad para tramitarlo de otra manera. Ella era muy chica, se introdujo en un historial de consumo, tenía una alta exposición en redes sociales”, dijo la profesional, que estuvo al frente de la pericia.
Cuello subrayó que «el sistema tenía registro» de la situación de Luz y lamentó la impotencia para actuar en términos preventivos.
“Necesitamos comunicarnos. Si no nos comunicamos las instituciones que trabajamos con personas, quizás nos perdemos, y las personas se pierden en esos intersticios. Y los dolores son después dolores mayores”, señaló.
Y concluyó: “Hay un esquema de responsabilidad. La omisión de cuidado no exime a alguien de culpa; la omisión de intervención no exime de culpa”.
