Las estrategias concordantes de los abogados Aydar y Retamozo sintonizan con las marchas de manifestantes para presionar por la domiciliaria de Bacchiani, a la que subordinan hipotéticos pagos con dinero de origen dudoso. También, con los procedimientos aplicados por el “Trader God” para amedrentar damnificados antes de caer preso.
Las manifestaciones de acreedores de las criptofinancieras investigadas por lavado de activos y estafa convergen con los argumentos del abogado querellante Afredo Aydar y su colega Lucas Retamozo, defensor de Edgar Adhemar Bacchiani, en la presión sobre el fiscal federal Santos Reynoso para que se allane a conceder la prisión domiciliaria al “Trader God”.
La represalia social fue esgrimida ya como amenaza por el propio Bacchiani antes de caer preso, cuando le advirtió a un cliente que quedaría expuesto a linchamientos por obstaculizar la devolución de depósitos si proseguía con un embargo.
Aydar, Retamozo y los manifestantes sostienen que la domiciliaria del financista es indispensable para que la firma “Adhemar Capital” pague lo que debe, cuando todavía la Justicia Federal no ha determinado la legalidad de los fondos con que eventualmente afrontaría los desembolsos.
Tal indefinición es lo que permite que la causa permanezca en el fuero federal. Si no existiera lavado de activos e intermediación financiera no autorizada, la competencia debería pasar de inmediato al provincial para dilucidar meras estafas o asociaciones ilícitas.
Reynoso rechazó por tercera vez el pedido de prisión domiciliaria a Bacchiani.
El fiscal “considera no solo necesario, sino imprescindible, que el encausado peticionante acredite en la causa de manera oficial, ya que hasta el momento jamás lo hizo, no sólo la existencia de los fondos que dice poseer para hacer frente al pago de todos los inversores, sino también la disponibilidad de manera inmediata de los mismos”.
“Ya en reiteradas oportunidades manifestó la existencia de esos supuestos fondos, e incluso gozó de una prisión domiciliaria concedida oportunamente, asistido para ello con peritos pertenecientes a Gendarmería Nacional designados por el señor juez, resultando dicha diligencia totalmente negativa”, recordó.
El dictamen aún debe ser evaluado por el juez federal Miguel Contreras, que tomará la decisión final, pero apenas tomó estado público Aydar se apresuró a señalar que “en un caso tan delicado y complejo, donde la paz social se encuentra seriamente comprometida, viendo diariamente aumentar la temperatura del termómetro de la tolerancia, donde se involucran intereses de altísimos factores de poder y de la sociedad en su conjunto, las funciones delegadas en el Ministerio Público deben ocuparse principalmente en proteger los intereses humanitarios de la sociedad involucrados y afectados”.
El título del parte difundido por el letrado es el de una proclama política: “La urgencia del pueblo no admite demoras- Los formalismos deben ceder ante la inminente necesidad del cobro de los damnificados”.
El incremento de “la temperatura del termómetro de la tolerancia” al que alude podría estar inducido por Retamozo, el antagonista formal que lo tiene como aliado en la insistencia por la domiciliaria, quien habría instruido a acreedores del “trader” para que se sumen a las marchas de manifestantes como condición para pagarles. Aparte de las casas de los financistas y sus familiares y empleados, estas movilizaciones suelen pasar por las del juez Contreras y el propio Reynoso.
El direccionamiento del encono de los defraudados se ajusta a los procedimientos utilizados por Bacchiani para amedrentar acreedores antes de ser detenido. A uno de ellos le advirtió que podría ser “linchado” si no desistía de un embargo. La amenaza quedó registrada en una de las escuchas telefónicas de la causa que se lleva en su contra en Córdoba.
Aydar, Retamozo y los manifestantes sostienen que la domiciliaria de Bacchiani es indispensable para que la firma “Adhemar Capital” pague lo que debe, cuando todavía la Justicia Federal no ha determinado la legalidad de los fondos con que eventualmente afrontaría los desembolsos
“Te van a linchar”
Bacchiani fue indagado en Córdoba el 22 de marzo por la fiscal de Delitos Complejos Valeria Rissi, quien le impuso una caución de 40 millones de pesos para no detenerlo. Cuando unos días después uno de sus clientes inició los trámites para embargarle la casa, le dijo que tenía previsto ponerla para cubrir la caución y que, como no podría hacerlo por estar embargada, se haría detener en Córdoba y lo culparía por no poder pagar.
“Me voy a presentar el miércoles en Córdoba: no puedo presentar la caución porque tal persona me quiere embargar la casa, entonces métanme preso ¿Y la sociedad catamarqueña qué va a hacer? ¿Quién le hizo eso a Edgar? Es un delirio y te van a odiar. Encima estamos a tres días de empezar a pagar. Yo te dejo cuatro mil catamarqueños en tus manos y mi fianza en Córdoba”, le anticipó al damnificado, tras asegurarle: “Yo tengo la capacidad de comprarme una mansión de un millón de dólares. Yo le prendo fuego a mi casa y van a tener un embargo quemado que no sirve absolutamente para nada y encima no cobran más. De mi casa lo único que van a tener son ladrillos quemados”.
Le anticipó: “Te van a linchar. Le estás coartando a la gente la posibilidad de cobrar. A mí no me gusta la violencia, pero la gente, en este momento, en el contexto en que estamos…”.
Con idéntico criterio argumental, Aydar y Retamozo estiman que negarle la domiciliaria a Bacchiani equivale a “coartarle a la gente la posibilidad de cobrar”.
“Te van a linchar. Le estás coartando a la gente la posibilidad de cobrar. A mí no me gusta la violencia, pero la gente, en este momento, en el contexto en que estamos…”. (Bacchiani a un damnificado que pretendía embargarlo)
¿De dónde saldrá la plata?
Un programa de pagos que se puso en marcha hace una semana se interrumpió porque, según alegó Retamozo e informó al público Aydar, la capacidad administrativa para desarrollarlo había colapsado por el aluvión de reclamos.
Esta crisis es lo que precipitó el nuevo pedido de domiciliaria, luego de que Aydar consiguió cobrar, según dijo, 8,5 millones de pesos que se le adeudaban a un cliente suyo de Tucumán.
El monto que le pagaron es más de tres veces superior a los 2,5 millones que debían acreditar como máximo los estafados a los se les daría prioridad de acuerdo al plan de pagos que había propuesto Bacchiani a la Justicia.
Bacchiani ha planteado la misma secuencia en todas las indagatorias: domiciliaria a cambio de pagar.
Tenga o no disponibles los fondos, hay un interrogante que la dupla Aydar-Retamozo no despeja: ¿qué pasaría con los hipotéticos los pagos si se determina que fueron realizados con dinero proveniente de actividades ilícitas?
Si las financieras no fueron, aparte de pantallas para estafar, canales para el lavado de activos, es precisamente lo que la Justicia Federal tiene que dilucidar. De otro modo, no hay motivos para que retenga los expedientes. Incluso cabe la posibilidad, para nada remota, de que se les pague a unos estafados con lo esquilmado a otros, en una insólita continuidad del mecanismo piramidal.
La habilitación de planes de pago con orden de prioridades fijadas por los encartados podría significar la reanudación del presunto lavado.
El Juzgado Federal está hace dos meses enredado en las promesas de resarcimientos del “Trader God” y sus émulos sin que se conozcan avances en lo que específicamente le compete: comprobar si las pirámides armadas tras las cripto-tapaderas filtraron dinero ilícito.
Mientras más rápido avance en tal sentido, antes se llegará a la incautación de lo mal habido para indemnizar a los damnificados.
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