Macri se ve envuelto en tramas de espionaje desde que era Jefe de Gobierno de la CABA. Del “Fino” Palacios a Gustavo Arribas, le falta que lo complique el Superagente 86.
Tras la difusión del video en el que Marcelo Villegas, ministro de Trabajo de la exgobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal, aparece coordinando acciones con empresarios de la construcción y elementos de la Agencia Federal de Inteligencia para armarle causas judiciales al sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reforzó la hipótesis sobre al “lawfare” que la administración de Mauricio Macri habría organizado para perseguirla por los intrincados laberintos judiciales.
«Ministro, subsecretario, senador, intendente, empresarios y altísimos funcionarios de la AFI todos sentados en la misma mesa, fotografiados y grabados cuando hablaban de armar causas judiciales, en este caso contra dirigentes gremiales ¿Qué otras pruebas necesitará el Poder Judicial Argentino sobre la existencia de mesas judiciales y asociaciones ilícitas que tuvieron lugar durante el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal?», planteó.
Villegas, que en la charla expresa a los empresarios su anhelo de disponer de una Gestapo para combatir al sindicalismo, recurrió a la jurisprudencia catamarqueña y dijo que el video que lo incrimina podría estar “adulterado”. Lo mismo alegaron los excamaristas Juan Pablo Morales y Raúl Da Prá, que dimitieron luego de la viralización de un video que los registraba cobrando una supuesta coima para no recrudecer su escarnio con las alternativas de un juicio político.
Precedentes
Independientemente del derrotero judicial que siga esta nueva causa por espionaje que compromete al macrismo, desde el punto de vista político el expediente de la “Gestapo antisindical” se superpone al del espionaje ilegal sobre los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, en el que Macri está procesado.
Más atrás, remite al antecedente de las escuchas ilegales desarrolladas por el jefe de la Policía Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios, cuando Macri era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La causa se inició en 2009 a partir de un llamado anónimo a Leonardo Brustein, dirigente de una agrupación de familiares de víctimas del atentado de la AMIA, en el que le advertían que su teléfono estaba “pinchado” por el “Fino” Palacios, jefe de la flamante Policía Metropolitana y uno de los 13 imputados como encubridores en la investigación que conducía el extinto fiscal Alberto Nisman, titular de la UFI-AMIA. También se le monitoreaban las llamadas a Néstor Leonardo, excuñado de Macri, también fallecido.
Macri fue procesado en esta causa en 2010 por el juez federal Norberto Oyarbide, otro que está muerto. Lo acusó de formar parte de una asociación ilícita para espiar ilegalmente junto con Palacios, que falleció en marzo de 2020, y el espía Ciro James, que ocupaba un cargo en el Ministerio de Educación de la CABA.
El juez federal Sebastián Casanello sobreseyó a Macri en diciembre de 2015, pocos días después de que asumió como presidente, por falta de pruebas.
Macri no escarmentó con la experiencia de las escuchas ilegales realizadas por su jefe de Policía en la CABA, el “Fino” Palacios, al que designó sin considerar que estaba sindicado nada menos que como encubridor del atentado de la AMIA
La renuncia de Oyarbide
Oyarbide había sobreseído a Néstor y Cristina Kirchner en 2009 en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito. En 2016, ya con Macri en la Presidencia, blanco de varios pedidos de juicio político, presentó la renuncia y se la aceptaron.
En febrero de 2021 aseguró que Macri había querido sobornarlo.
«Mauricio Macri no me compró porque yo no cotizo en Bolsa, pero tuvo toda la intención de hacerlo, en forma absolutamente directa», dijo.
«Me pidió que me inhiba en la causa de las escuchas telefónicas ilegales, donde él utilizó en aquel momento, siendo jefe de Gobierno, la Secretaría de Inteligencia del Estado, con (Jaime) Stuiso a la cabeza», especificó.
En junio de 2020 había considerado que Macri tenía una inclinación “enfermiza” por las escuchas telefónicas.
La investigación por la “Gestapo antisindical” es otro indicio de que la utilización de elementos de inteligencia para la disputa política no es una conducta esporádica en al menos algunos sectores del macrismo, sino sistemática.
Ya se pronunciará la Justicia al respecto en el algún momento. Mientras, es llamativo que Macri no escarmentara con la experiencia de las escuchas ilegales realizadas por su jefe de Policía en la CABA, el “Fino” Palacios, al que designó sin considerar que estaba sindicado nada menos que como encubridor en el proceso por el atentado de la AMIA. Ahora enfrenta enredos similares por los comportamientos de su amigo Gustavo Arribas, a quien colocó al frente de la AFI pese a lo inmaculado de su curriculum en materia de inteligencia.
El nuevo episodio estalla cuando el liderazgo del expresidente en el arco opositor es desafiado en su propio partido, el PRO, y por los radicales, entonados por los resultados de las elecciones de medio término (https://elestanio.com.ar/cristina-y-macri-en-la-metamorfosis/). Es probable que deba someterse a internas si pretende jugar como candidato a Presidente en 2023.
¿Habrá más videos de los servicios de inteligencia, ese poder en las sombras? La prensa ya habla del temible “blockbuster”.
El “Fino” Palacios muerto, Arribas quemado. A Macri le queda el “Superagente 86” y un nombre que calzaría como guante si se ve obligado a conformar una agrupación para competir en las primarias: la “Maxwell Smart”.
