El expediente del “Trader God” continúa su heterodoxa deriva. Ahora pide beneficios que, de otorgárseles, le permitirían continuar la perpetración de los delitos que le endilgan.
El expediente que lleva la Justicia Federal de Catamarca contra el “Trader God” Edgar Adhemar Bacchiani suma exotismos jurídicos.
Ayer, en una ampliación de su indagatoria, el financista volvió a pedir el beneficio de la prisión domiciliaria y que le devuelvan computadoras y teléfonos para poder comenzar a pagar sus deudas. Propuesto incluso un orden de prioridades para devolver la totalidad de los capitales invertidos en un plazo de entre 120 y 150 días: primero los acreedores que tengan problemas de salud, luego los que invirtieron menos de 2 millones de pesos y en tercer lugar los que invirtieron después del 15 de noviembre y no llegaron a cobrar utilidades.
«Nosotros pedimos la excarcelación. Con la ampliación de la declaración, una domiciliaria podría ser viable. Desde su casa él puede seguir operando, recuperar el dinero y devolver. Por eso, una vez que mejore su situación procesal, en un plazo de 72 horas va a empezar a pagar», explicó tras la declaración del “trader” su abogado, Lucas Retamozo, quien aseguró contar con “una base de datos resguardada” para ordenar el programa.
Si la Justicia Federal accediera al planteo, sobre todo a la devolución de las computadoras y teléfonos celulares que se secuestraron en allanamientos gestionados desde la Justicia de Córdoba, estaría facilitando a Bacchiani la continuidad de los delitos que le endilga, que son asociación ilícita, intermediación financiera sin autorización, lavado de activos y defraudación. Recuperadas sus herramientas informáticas, libre o en prisión de cualquier naturaleza, el financista quedaría en condiciones de seguir con el lavado dinero ilícito que se le imputa, e incluso de insolventarse con la transferencia de los bitcoins y dólares virtuales que asegura poseer.
Las manifestaciones de Retamozo y de su colega Alfredo Aydar, representante de numerosos acreedores, exponen una crisis de escenarios. Ambos negocian la regularización de las deudas de “Adhemar Capital” como si la Justicia Federal no invetsigara delitos gravísimos y bastara con llegar a un acuerdo para sortear los extremos penales. Es precisamente el lavado de activos que los letrados omiten lo que justifica la competencia federal.
Si la Justicia Federal accediera de devolver computadoras y teléfonos celulares a Bacchiani, le estaría facilitando la continuidad de los delitos que le endilga: asociación ilícita, intermediación financiera sin autorización, lavado de activos y defraudación
Estas tratativas, sobre cuya evolución informan regularmente a la prensa, se suman al derrotero de por sí heterodoxo del expediente federal.
El fiscal Santos Reynoso inició una “investigación preliminar” sobre las actividades de Bacchiani el 19 de septiembre de 2020 –hace casi 20 meses- pero recién pidió que se lo detuviera el 21 de abril pasado, dos días después de que la fiscal de Delitos Complejos de Córdoba, Valeria Rissi, hiciera lo mismo.
En todo ese tiempo, no se practicó en Catamarca ningún allanamiento ni se tomó ninguna medida tendiente a preservar la integridad de las pruebas o evitar que el sospechoso se insolventara.
Esta pasividad resulta por lo menos extraña, ya que las dificultades de Bacchiani empezaron a ser públicas y notorias ya desde mediados de enero, cuando tomó estado público un pedido del Banco Central a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) para que lo investigue por posible estafa.
El sospechoso respondió a la noticia lanzando su candidatura a gobernador.
El 27 de enero, la Comisión Nacional de Valores le prohibió continuar con sus actividades debido a que no estaba registrado como “idóneo” y tampoco su firma, “Adhemar Capital SRL”, estaba asentada “en ninguna de las categorías” establecidas por la ley y las normas del organismo para operar en el mercado de capitales.
A mediados de febrero, Bacchiani tuvo que escapar de su casa custodiado por la Policía para escapar de un grupo de acreedores enardecidos. Tras la fuga, envió un sugestivo mensaje mafioso a través de su cuenta de Instagram: “Vamos a ver esos que gritan ladrón si la pueden justificar”. Una virtual confesión de que manejaba capitales “negros”.
Estos episodios no fueron tan movilizantes para los fiscales federales como el acelerado avance de la causa por estafas reiteradas abierta en Córdoba por la fiscal Rissi, que ordenó allanar las oficinas de “Adhemar Capital” en esa ciudad apenas dos semanas después de que le presentaran las primeras denuncias por estafa.
