Decidieron reponerlos después del ataque femicida de un sargento ayudante contra su expareja y su hijastra.
Los ascensos en la Policía de Catamarca se definen desde hace al menos diez años sin considerar las condiciones psiquiátrica y psicológica de los efectivos. La omisión del sometimiento a estos análisis profesionales para avanzar en la carrera policial se conoció después de que el sargento ayudante Diego Ortega disparara con su arma reglamentaria sobre su ex pareja, Cinthia Eleonora Aranda, y su hijastra, Luz Ariana Ortega.
El ataque femicida se produjo la madrugada del 5 de febrero en la localidad de Saujil, ubicada en el departamento Pomán de Catamarca.
El hijo de Aranda le advirtió que Ortega, que prestaba servicios en la subcomisaría de Colpes, se dirigía a su domicilio armado y enardecido. La mujer llamó por teléfono a la Comisaría de Saujil, pero los policías llegaron cuando Ortega ya había efectuado cuatro tiros.
Aranda recibió disparos en el rostro y los brazos y continúa internada con pronóstico reservado. Su hija fue herida en el abdomen y está fuera de peligro.
Ortega fue reducido y arrestado de inmediato en la misma escena del crimen, pero el trato deferente que sus colegas le dieron desató incidentes frente a la Comisaría de Saujil. Familiares y amigos de las víctimas reaccionaron cuando empezaron a circular imágenes en las que se lo veía tomando mate en el patio de la dependencia junto a otros policías.
El ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre, y el Jefe de Policía de la Provincia, Ángel Agüero, salieron al cruce del escándalo. Esa misma tarde anunciaron la remoción y el pase a disponibilidad del personal de Saujil por la actitud “corporativista” asumida. Estas disposiciones eran previsibles. Lo sorpresivo fue la restitución de los exámenes psicológicos obligatorios para los ascensos al grado inmediato superior en todas las jerarquías, requisito que se había eliminado en 2012. Recién entonces se supo que la fuerza policial venía desde hace una década sin monitorear la estabilidad emocional de sus integrantes.
Los exámenes psicológicos obligatorios para los ascensos se eliminaron el mismo año del asesinato de Diego Pachao, un joven de 19 años que murió en el hospital luego de que lo sacaran agonizante de la Comisaría Séptima de la capital catamarqueña
Precedentes
La calidad de la formación policial y los dispositivos que implementa la fuerza para incorporar cuadros y definir los ascensos había quedado nuevamente en el centro del debate público a fines del año pasado, cuando el suboficial Julián Suárez fue arrestado en Belén por ultrajar a una adolescente de 13 años.
Posteriormente se conocieron otros abusos en los que habría incurrido. Le endilgan abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores agravada.
Si bien era numerario de la Policía de la Provincia, Suarez se desempeñaba como adscripto en el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente desde febrero de 2020. En 2019, como candidato del Frente de Todos, había perdido las elecciones por la intendencia de la localidad belicha de Villa Vil a manos del intendente Ramón Villagra.
Los exámenes psicológicos obligatorios para los ascensos se eliminaron el mismo año del asesinato de Diego Pachao, un joven de 19 años que murió en el hospital luego de que lo sacaran agonizante de la Comisaría Séptima de la capital catamarqueña. La causa por el homicidio, que no involucraba a los policías del destacamento, prescribió. Solo queda en pie un expediente correccional contra los efectivos, por vejaciones e incumplimiento de sus deberes (https://elestanio.com.ar/muertos-baratos/)
Desde entonces, las denuncias y causas por brutalidad policial y los incidentes violentos protagonizados por policías en la esfera de su vida privada han sido una constante.
Los últimos recambios en la cúpula del área de Seguridad y la Policía se produjeron en septiembre del año pasado, debido precisamente al malestar por los abusos policiales perpetrados en el contexto de la pandemia.
Al asumir la Jefatura en septiembre de 2021, inmediatamente después de que Aguirre lo hiciera como ministro de Seguridad, Agüero estimó que era necesario reformar la “doctrina policial que se arrastra desde hace varios años”.
A su criterio, había «malas prácticas instauradas en la Policía” y resultaba indispensable “reforzar la parte de la capacitación y el control de las prácticas en las comisarías”.
“En las escuelas (de policía) no se enseña nada malo, sino que a veces el policía sale y se encuentra en la comisaría en donde hay prácticas instauradas que son malas», dijo.
La conveniencia de someter a los miembros de la Policía a exámenes psicológicos obligatorios y sistemáticos, sin embargo, recién se consideró después del ataque femicida de Ortega.
Un hecho similar tuvo desenlace fatal en diciembre de 2019.
El oficial inspector Walter Mariano Tula disparó y ultimó a su pareja, la oficial subinspector Silvana Antonella Aybar , y luego se suicidó, también de un disparo, en un departamento que ambos compartían en la zona Oeste de la ciudad.
El crimen ocurrió tras una violenta discusión. Tula lo ejecutó con el arma reglamentaria de su pareja.
Los cadáveres se encontraron cuando el Director de la Escuela de Suboficiales y Agentes, Walter Quiroga, se presentó en el departamento buscando a la mujer, que se desempeñaba en la institución y no respondía los llamados.
