La prescripción del asesinato de Diego Pachao, muerto tras ser sacado agonizante de la Comisaría Séptima, está en boca de tronera por errores procesales. Una década de impunidad que se afianza.
El asesinato de Diego Iván Pachao, que murió en marzo de 2012 horas después de que lo sacaran agonizante de la Comisaría Séptima de San Fernando del Valle de Catamarca, podría quedar impune debido a errores procesales que colocaron en boca de tronera la prescripción de una causa con casi diez años de deriva por los laberintos judiciales.
La Cámara Penal Nº 2 de Catamarca, donde iba a realizarse el juicio oral y público, advirtió el 19 de noviembre que uno de los ocho encartados era menor de edad cuando se perpetró el homicidio, por lo que una parte del proceso debería haberse tramitado en el fuero penal juvenil. El detalle no fue considerado por el juez de Control de Garantías y hubiera precipitado la nulidad de las actuaciones en el propio juicio oral y público o en alguna de las instancias recursivas.
El debate se suspendió y el expediente se desglosó.
La situación de los hermanos Darío Yamil y Lucas Matías Leiva, acusados por “homicidio preterintencional”, será definida por la Cámara de Sentencia Penal Juvenil. Darío tenía 16 años cuando supuestamente ambos pelearon con Pachao y otro joven, poco antes de que Pachao fuera detenido. La hipótesis es que Pachao falleció por las secuelas de los golpes que recibió en esa riña.
De las acusaciones que pesan sobre Gustavo Eduardo Bulacio, Claudio Yani Leiva, Ramón Ariel Quevedo, Ricardo Darío Barrera, Ricardo Varela y Jorge Montivero, los seis policías acusados de vejaciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público, se ocupará el Juzgado Correccional Nº 2.
El crimen
Pachao tenía 20 años cuando fue detenido junto a su amigo Leonel González, el 12 de marzo de 2012.
A Claudia Véliz, su madre, no le permitieron verlo en la Comisaría Séptima. Recién pudo hacerlo cuando lo sacaron en coma rumbo al Hospital San Juan Bautista, donde murió el 14 de marzo.
“Su hijo no se salva ni acá ni en la China”, le dijo a la mujer uno de los médicos que lo examinó.
En un reportaje concedido el año pasado al programa “Siete y Medio”, de Multimedios Ancasti, Véliz recriminó entre lágrimas la intemperie a la que fue arrojada por el Estado luego de que altas autoridades del Gobierno catamarqueño, por entonces en manos de Lucía Corpacci, le prometieran justicia y apoyo.
https://www.youtube.com/watch?v=Cmtn_fUuUKM
“Por más que yo salga, y reclame, y manifieste, ellos tienen la palabra, ellos son los que resuelven y hacen el verso”, dijo, y denunció: “Quisieron callarnos con dinero”.
En la madrugada del 15 de marzo, luego de la muerte de Pachao, se desató una violenta revuelta que tuvo en vilo a todo el barrio Parque América. Grupos de adolescentes y jóvenes encapuchados, a pie y a bordo de motocicletas de baja cilindrada, atacaron el destacamento de la Séptima a pedradas y con bombas tipo molotov.
“Por más que yo salga, y reclame, y manifieste, ellos tienen la palabra, ellos son los que resuelven y hacen el verso”, dijo la madre de Diego Pachao, y denunció: “Quisieron callarnos con dinero”.
El recién asumido Gobierno de Corpacci, que acababa de celebrar un año de su victoria sobre el FCS, consideró que el estallido había sido instigado por sectores ligados a la oposición y punteros a los que les había quitado el manejo de elementos para el asistencialismo.
El 12 de junio de 2020, ocho años y pico después del crimen, Claudia Véliz elevó una carta al presidente Alberto Fernández pidiendo justicia para su hijo.
“En la comisaría se hicieron dueños de su vida. Once policías torturaron y finalmente asesinaron a mi hijo. Es un caso de impunidad del Poder Judicial en su totalidad. La ex gobernadora Corpacci nada hizo por ayudarnos. Solo mentiras y burlas recibimos, y promesas incumplidas”, reclamó.
El desdoblamiento de la causa es el último eslabón de una cadena procesal que sacó a los policías de la línea de fuego y cargó las imputaciones más graves sobre los Leiva.
El trámite del expediente supera largamente las penas máximas que podrían caberles a los acusados: seis años por homicidio preterintencional, cinco por vejaciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Desamparo
El giro de la causa Pachao reactualiza la discusión sobre las dificultades para acceder al servicio de justicia de familias carentes de influencias, recursos económicos o reconocimiento social suficientes para imprimir celeridad a las investigaciones o pagar estudios jurídicos que empujen los expedientes en los enrevesados pasillos de tribunales.
En la construcción del desamparo es central, aparte de la condición humilde de las víctimas, una indiferencia social que reduce hasta el anonadamiento los costos políticos por la falta de respuestas.
Dos días después de que se difundiera el desglosamiento del expediente Pachao, el Multimedios Ancasti informó sobre una sentencia del Juzgado Civil de Primera Instancia de Cuarta Nominación que condenó al Estado provincial a pagar 1,7 millones de pesos a la madre de uno de los cuatro jóvenes muertos en un incendio de la Alcaidía de Menores de Catamarca en 2011.
muerto baratos: En la construcción del desamparo es central, aparte de la condición humilde de las víctimas, una indiferencia social que reduce hasta el anonadamiento los costos políticos por la falta de respuestas
La suma puede parecer irrisoria, pero la Justicia Civil se expidió antes que la Penal, que lleva más de diez años barajando una causa en la que cinco policías están acusados de “homicidio culposo agravado por el número de víctimas fatales”.
Franco Ezequiel Nieva (16), Nelson Alfredo Orlando Molas (17), Nelson Nahuel Fernández (15) y Franco Alejandro Sosa (16) estaban alojados en la Alcaidía por disposición de la Justicia de Menores. El 9 de septiembre de 2011, prendieron fuego a un colchón que habían puesto trabando la puerta de la celda y murieron incinerados.
Ladronzuelos, muertos baratos: la conmoción social inmediata se atenuó pronto para dar paso al desinterés.
En su sentencia, la jueza civil subrayó: “No hay elementos que nos permitan suponer que en un futuro próximo nos encontraremos con un juicio penal”.
Menos inquietud genera la impunidad por los asesinatos de Celeste Judhit “Chasqui” Moreno y María del Valle Condorí, únicos dos de los siete femicidios cometidos en un 2013 negro que no fueron resueltos.
Los cadáveres fueron encontrados, respectivamente, el 4 y el 7 de octubre de ese año.
El escaso margen de tiempo que medió entre ambos crímenes desencadenó una agitación social que pareció al principio significativa y alarmó al Gobierno. Se organizó incluso una manifestación en la Plaza 25 de Mayo, en la que se destacó la presencia de referentes de la oposición. Sin embargo, la presión se diluyó a los pocos días y nunca más nadie volvió a acordarse de las dos mujeres.
A la pobreza, Condorí sumaba la “capitis deminutio” de foránea: era de Jujuy, no había en Catamarca quién se preocupara por su trágico deceso.
“Chasqui” Moreno era catamarqueña, pero lo mismo: una marginal, víctima de trata. Fue golpeada y estrangulada en la zona de La Aguada, en el norte capitalino. El asesino arrastró su cuerpo para ocultarlo y escapó. Tenía apenas 20 años y estaba embarazada de su tercer hijo. El cadáver fue hallado a la siesta por un hombre que cazaba pájaros.
Anselma Cabrera, su abuela, habló con «Siete y Medio» en marzo de 2019 y dio indicios de una trama siniestra. Tiró el nombre Francisco “Negro la Carpa” Quiroga, explotador sexual condenado por el femicidio de María Rita Valdez; mencionó al “Clan Argañaraz”, condenado por narcotráfico.
https://www.youtube.com/watch?v=sUxfQ2SFWe0
A ocho años del ataque fatal a su nieta, sola, olvidada, María Anselma todavía espera el eco del sistema canalla.
