Tras ocho días de infructuosa prisión domiciliaria, Edgar Bacchiani fue trasladado a la cárcel: sus cuentas no pueden destrabarse. El fiscal Santos Reynoso pidió que se incauten sus bienes y se investiguen las operaciones financieras, comerciales e inmobiliarias que hizo desde principios d 2021.
El as del pedal lo hizo de nuevo. Tras ocho días beneficiado con la prisión domiciliaria para determinar cuánto dinero tiene en sus cuentas virtuales, las gestiones informáticas de Edgar Adhemar Bacchiani concluyeron en que recién podrían ser desbloqueadas dentro de un mes. Una eternidad para sus acreedores, a quienes días antes de ser detenido les había asegurado que por fin le habían levantado el cepo en la plataforma Binance y estaba habilitado para operar, tradear y empezar a pagar sus deudas.
El juez federal Miguel Contreras resolvió al fin contrariar la afición al ciclismo del reo y lo envió al penal de Miraflores.
Debe ahora analizar qué respuesta da a la requisitoria que el fiscal federal Santos Reynoso interpuso el fin de semana para que embargue y secuestre los fondos y bienes del “Trader God” y sus cómplices e investigue las operaciones financieras, comerciales e inmobiliarias que hizo en 2021 y este año.
Es una bisagra en el trámite del principal expediente por las criptoestafas piramidales, porque reconoce que se omitieron medidas tendientes a poner los patrimonios de Bacchiani y sus laderos a resguardo de maniobras encaminadas a provocar insolvencias fraudulentas. El fiscal la planteó mientras los sabuesos federales exploraban el mundo de las divisas virtuales orientados por el encartado, en otra de las extravagancias que jalonan el expediente.
Reynoso pide en primer lugar que el Juzgado Federal tome el control del dinero que el financista tiene en sus cuentas y le exija, a él y sus cómplices, que entreguen las contraseñas y claves de acceso a los espacios informáticos en los que depositaron. Luego, “el embargo e inhibición general de la totalidad de los bienes, valores, efectos y/o todo otro equivalente que permita la ejecución de las medidas que tiendan a impedir la continuidad de los efectos dañinos del delito, como es en este caso el perjuicio de la gente”.
El requerimiento incluye disposiciones para determinar si la pandilla del “Trader God” no ha avanzado ya en la insolvencia fraudulenta.
A criterio del fiscal, el juez debe pedir a la Justicia provincial la información de la causa por la adulteración de los asientos de las propiedades de Bacchiani en el Registro de la Propiedad, ya que se trataría de un “intento de vaciamiento patrimonial”, y también recurrir a entidades bancarias y financieras, escribanías y cualquier otro organismo que estime pertinente para incorporar a la investigación los datos “sobre las operaciones comerciales mobiliarias, inmobiliarias y financieras que pudo haber realizado el imputado Bacchiani durante los años 2021 y 2022”.
Son disposiciones imprescindibles para establecer el monto de la fortuna de Bacchiani y el resto de los imputados, con la que debería resarcirse llegado el momento a las víctimas de las estafas.
La requisitoria de Santos Reynoso reconoce que se omitieron medidas tendientes a poner los patrimonios de Bacchiani y sus allegados a resguardo de maniobras encaminadas a provocar insolvencias fraudulentas
Críticas
Reynoso expresó al respecto su “rotunda objeción técnica y observación” de la prórroga de la prisión domiciliaria que el juez Contreras había otorgado a Bacchiani una vez que se determinó que existía dinero en las cuentas.
“No es mi intención obstaculizar pero siento el deber de expresar mi disenso sobre la misma. Una vez que el imputado confesó que sí cuenta con dinero, ya no hay razón para continuar con ese régimen extraño al sistema y que genera la apariencia de que es el propio imputado quien está orientando el curso y destino del proceso”, consigna.
Para el fiscal, es inadmisible que Bacchiani o “terceras personas” desvirtúen prerrogativas que son exclusivas de Contreras interviniendo en la toma de decisiones sobre “pagos, transferencias o lo que fuere”.
En su indagatoria, Bacchiani había propuesto un plan de pagos a sus acreedores que cumpliría en un lapso de entre 120 y 150 días, e incluso un orden de prioridades tentativo.
“Me permito aclarar y señalar que las circunstancias, connotaciones y alarma social que la presente causa ha generado en el ámbito de toda la provincia de Catamarca, y el extremo nivel de incertidumbre que el desenvolvimiento del presente proceso desencadena en la conciencia del colectivo social, con fuerte impacto en la imagen de la propia justicia Federal de la que formo parte, me obliga moral, legal, y personalmente a efectuar esta presentación”, aclaró Reynoso.
