El Gobierno y la UOCRA avalaron el despido de trabajadores de empresas contratistas de una multinacional que extrae litio de la puna. El Concejo Deliberante de Andalgalá reincidió en las arremetidas contra Agua Rica.
Dos días después de que el Gobierno y la UOCRA conjugaron su poder de fuego para legitimar el despido dos trabajadores que habían pedido mejores condiciones de trabajo en un emprendimiento de extracción de litio en la puna, el Concejo Deliberante de Andalgalá requirió informes a los ministerios de Minería; Agua, Energía y Medio Ambiente; Educación y Salud sobre los controles que hacen de las tareas que desarrolla Minera Agua Rica-Alumbrera en la cuenca del río Andalgalá, la contaminación que podrían haber provocado en el río Choya y supuestas intoxicaciones en la comunidad de la escuela “Fragata Libertad”.
Las discrepancias en torno a la calidad de la licencia social que tiene la minería en Catamarca volvieron a cobrar fuerza, en un contexto nacional signado por la resistencia a la actividad en provincias como Mendoza y Chubut, cuyos gobiernos tuvieron que recular frente a las movilizaciones populares.
El escenario es complejo, pues la perspectiva que asigna a la minería un papel central para la generación de empleo de calidad y el suministro de divisas es transversal a las principales fuerzas políticas nacionales y provinciales. La coincidencia es considerada por los movimientos antimineros como complicidad con la depredación ambiental y social que atribuyen a las mineras.
El caso que estalló en la puna catamarqueña reunió todos los elementos que sostienen tal presunción.
Las discrepancias en torno a la calidad de la licencia social que tiene la minería en Catamarca volvieron a cobrar fuerza, en un contexto nacional signado por la resistencia a la actividad en provincias como Mendoza y Chubut, cuyos gobiernos tuvieron que recular frente a las movilizaciones populares
Muerte al cartero
Un grupo de trabajadores de la Corporación Cooperativa conformada por las empresas Moguetta-Contreras y BBC, contratada por la Galaxy para construir los piletones en los que se trata el litio en Antofagasta de la Sierra, elevó un petitorio de 12 puntos solicitando mejoras laborales.
La Corporación despidió a los dos empleados que presentaron el planteo y el conflicto recrudeció, pero empresas, Gobierno y sindicato se movieron con inusual velocidad para sofocarlo.
48 horas después de que la controversia tomara estado público, se celebró una reunión entre representantes de la Corporación Cooperativa, los ministerios de Trabajo y de Minería y la UOCRA, tras la cual se dictó la conciliación obligatoria.
Lo más significativo del encuentro, sin embargo, fue que los organismos estatales y el gremio consintieron el despido de los dos trabajadores que habían trasmitido el petitorio, cuya reincorporación era uno de los reclamos de quienes llevaban adelante las medidas de fuerza: muerte al cartero y un mensaje de fuerte contenido pedagógico dirigido a disuadir eventuales tentaciones rebeldes.
El Gobierno y la UOCRA consintieron el despido de trabajadores que habían pedido mejores condiciones laborales en la inhóspita puna: muerte al cartero y un mensaje de fuerte contenido pedagógico dirigido disuadir eventuales tentaciones rebeldes
Víctor Hugo Brandán, secretario general de la UOCRA, tomó partido abiertamente por el grupo empresario.
Los trabajadores, dijo, «se manejaron de forma arbitraria y sin conocer la manera legal de hacer las cosas, poniendo en riesgo a los que querían trabajar”.
“Había 20 empleados que querían hacer paro y 60 que querían trabajar. Los 60 se sintieron amenazados por una situación engorrosa. Nunca hablaron conmigo, tenían definido que iban a hacer un paro cuando todo se puede solucionar a través del diálogo. Hacer un paro como lo hicieron es ilegal y teníamos que garantizar «, aseveró.
La Corporación Cooperativa, que accedió al contrato con Galaxy debido a los vínculos que los empresarios locales tienen con el Gobierno, demostró así el alcance de la influencia que tiene para desplegar su arbitrariedad impunemente.
El desenlace del episodio abona la prédica antiminera y erosiona el discurso oficial que postula a la minería como generadora directa e indirecta de trabajo “de calidad”: beneficios económicos para particulares digitados desde la política, frente sólido entre el Gobierno y el gremio para garantizarlos, desamparo de los trabajadores, más ostensible en la inhóspita puna catamarqueña.
Andalgalá irredenta
En el caso de Andalgalá, el Concejo Deliberante accionó ante pedidos de vecinos preocupados por el impacto ambiental de las actividades de Minera Agua Rica-Alumbrera previas a la explotación del yacimiento Agua Rica.
La arremetida de los concejales contó con la anuencia, si no la instigación, del intendente radical Eduardo Córdoba, que proviene de la antiminería, a quien los ediles encomendaron llevar adelante las acciones administrativas o judiciales que correspondan.
El Concejo Deliberante de Andalgalá accionó ante pedidos de vecinos preocupados por el impacto ambiental de las actividades de Minera Agua Rica-Alumbrera. La arremetida de los concejales contó con la anuencia, si no la instigación, del intendente radical Eduardo Córdoba, que proviene de la antiminería
Emerge otra vez el conflicto que divide a la sociedad andalgalense, que tuvo un brote violento en abril del año pasado con el ataque de grupos antimineros a las sedes de la empresa Yamana-Gold y el Partido Justicialista.
Andalgalá es el corazón de la antiminería catamarqueña. El 15 de febrero de 2010 estalló allí una rabiosa revuelta detonada por el desalojo de un piquete que cortaba el paso hacia Agua Rica.
El 9 de septiembre de 2016, el Concejo Deliberante sancionó por unanimidad una ordenanza que prohíbe la minería a cielo abierto en el departamento. Si bien la Corte de Justicia la declaró inconstitucional en diciembre de 2020, el municipio sigue considerándola válida.
La jurisprudencia Famatina
Los acontecimientos demuestran que los obstáculos principales para la minería no pasan por lo legal, sino por defectos de legitimidad.
La oposición a la actividad cuenta con respaldos de movimientos ambientalistas de todo el país, que militan su causa con intensidad y eficacia inversamente proporcionales a las demostradas por las autoridades en las maniobras tendientes a revertir el sentimiento antiminero.
Los precedentes jurídicos empalidecen ante los sociales. Andalgalá tiene uno emblemático y célebre a sólo 300 kilómetros.
La jurisprudencia Famatina no ha sido aún desacreditada. Acontecimientos como el conflicto laboral que Gobierno y sindicato le resolvieron a las empresas amigas en la puna la robustecen
Tres multinacionales mineras y una compañía salteña habilitadas política y legalmente fracasaron sin atenuantes en sus intentos de instalarse en el Famatina riojano.
Las acometidas vienen desde 2004. Pese al enfático apoyo del poder político, se rindieron sucesivamente sin coronarlas Barrick Gold, Shandong Gold, Osisko Mining Corporation y Midais, de Salta.
“El Famatina no se toca”: el triunfo de la consigna trascendió los límites de La Rioja y suma adeptos.
La jurisprudencia Famatina no ha sido aún desacreditada. Acontecimientos como el conflicto laboral que Gobierno y sindicato le resolvieron a las empresas amigas en la puna la robustecen.
