El caso del adolescente que casi mata a puñaladas a una vecina para robarle desnudó una vez más la defección del Estado.
“Hay un esquema de responsabilidad. La omisión de cuidado no exime a alguien de culpa; la omisión de intervención no exime de culpa”.
Las palabras de la licenciada Karina Cuello, psicóloga del Equipo Interdisciplinario de los Juzgados de Ejecución Penal, volvieron a repercutir sobre la conciencia social en el proceso que se sigue contra un adolescente que atacó con inusitada saña a una vecina para robarle.
Más de cuarenta puntazos pusieron a Andrea Navarro al borde de la muerte en una noche de terror ¿Quién podría objetarle que considere “una lacra” al muchacho que la agredió? Quienes no sufren los efectos de tamaña conmoción emocional, en cambio, sí están en condiciones de asumir perspectivas más razonables.
El proceso que se sigue en el fuero juvenil contra el adolescente de 17 años dejó una vez más al descubierto las omisiones de cuidado e intervención del Estado y la intemperie en la que crecen niños y adolescentes de los sectores sociales más vulnerables.
El concepto “abordaje interdisciplinario” se repitió como si su mera enunciación fuera a materializarlo.
El juez Penal de Menores, Rodrigo Morabito, ordenó a principios que lo aplique el Ministerio de Desarrollo Social. En el mismo sentido se pronunciaron días después, en la audiencia de prisión preventiva, el fiscal Guillermo Narváez y la asesora de Menores Sandra López Gardel, mientras el abogado del chico, Víctor García, bregaba por atemperar la prisión preventiva. “Con la ayuda del Estado, puede reencauzar su vida”, consideró el letrado.
¿Qué Estado? El episodio es un compendio de la deserción pública.
El Estado al que García apela no estuvo para contener al muchacho ni para proteger a la pobre mujer, que se salvó de la muerte con el hilo en una pata y ahora vive sumida en la angustia por el trauma ¿De qué abordaje multidisciplinario se habla?
Los mejores esfuerzos de los operadores del sistema naufragan en la carencia de recursos y la burocracia, con el telón de fondo de las adicciones. El abordaje interdisciplinario es una utopía que deja de postularse en cuanto remite el impacto público de la violencia desaforada.
Preciso, el fiscal Narváez señaló que no queda otra alternativa que el encierro para proteger a la sociedad y al propio adolescente, que es adicto, carece de contención familiar y se encuentra en una situación de abandono.
“Perdió el ejemplo y la autoridad. Necesita un abordaje interdisciplinario; evaluar su vida y ayudarlo a que cese en el consumo. Desde los 12 años consume marihuana y a los 14 se inició con las pastillas. Nadie desconoce el hecho. El sistema punitivo debe dar una respuesta para la mujer y el chico”, dijo. Para el fiscal, el muchacho está superado por su “penosa vida, que lo llevó a delinquir ferozmente”.
La asesora López Gardel resumió la impotencia: “Como Estado, hemos llegado tarde”.
Los mejores esfuerzos de los operadores del sistema naufragan en la carencia de recursos y la burocracia, con el telón de fondo de las adicciones
Luz y el desamparo
El desamparo del adolescente remite al de Luz Villafañe, que se suicidó el 12 de noviembre de 2016, a los 13 años, luego de ser violada en una fiesta. Había vivido plantando indicios de su desesperación entre sus familiares y amigos, en la escuela, en las instituciones estatales.
Otra “lacra” configurada por una indiferencia sistemática, que se condensó en sus últimas horas de vida.
Agentes de la Unidad Judicial Nº 6 de Catamarca se negaron a tomar la denuncia por su desaparición que pretendía radicar su madre, Jaqueline Quevedo. En el Hospital de Niños Eva Perón no la examinaron para constatar si había sido abusada, como aseguraba su madre.
El sistema que no supo, no pudo o no quiso contenerla, fue muy eficaz en cambio para quitarse a sí mismo de la línea de fuego.
Pese a la investigación de la Fiscalía de Estado que determinó que el personal del Hospital de Niños no había cumplido con los protocolos establecidos para casos hipotéticos de abuso sexual y consumo de drogas, las personas que la atendieron antes del suicidio fueron sobreseídas por la justicia.
El que no tomó la denuncia por desaparición en la Unidad Judicial Nº 6 zafó con apenas un inconveniente curricular: sumario.
J.J. U., el adolescente que la ultrajó en la fiesta, en cambio, fue condenado a seis años de prisión por la Cámara Penal Juvenil.
Los miembros de la Cámara Penal Juvenil consignaron en la sentencia que “la pérdida de vida de Luz se podría haber evitado si se hubiese actuado con debida diligencia reforzada y perspectiva de género”.
Indicaron que la adolescente había tenido “relaciones sexuales que los médicos catalogaron de consentidas sin haber constatado esa situación, pues ¿cómo podían saberlo si no practicaron el protocolo?”.
“¿Cómo fue posible llegar a la conclusión de que una niña intoxicada de tan solo 13 años podía prestar válidamente su consentimiento para una relación sexual? En otras palabras, ¿no son motivos por demás suficientes que una niña llegue a un hospital infantil, habiendo consumido psicofármacos y alcohol, con marcas en el cuerpo y poniendo en conocimiento la existencia de relaciones sexuales, para sospechar la existencia de un abuso sexual?”, remarcaron.
Dolor
Al analizar el caso para el programa Siete Y Medio, la licenciada Cuello subrayó que “el episodio de la fiesta fue un eslabón dentro de una historia mucho más amplia”
“La situación de dolor estaba instalada, y había una dificultad para tramitarlo de otra manera. Ella era muy chica, se introdujo en un historial de consumo, tenía una alta exposición en redes sociales”, dijo la profesional, que estuvo al frente de la autopsia psicológica de Luz.
Cuello enfatizó que «el sistema tenía registro» de la situación de la niña y lamentó la impotencia para actuar en términos preventivos.
Ver también en El Estaño
https://elestanio.com.ar/luz-y-el-desamparo/
