Las presunciones sobre un encubrimiento en el asesinato del ministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas escalan abonadas por la esterilidad de la investigación penal. Luis Barrionuevo salió al cruce de las versiones.
Las teorías conspirativas se ramifican en torno al asesinato del ministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas desde una deficiencia central: el fiscal Hugo Costilla, que suplantó a su colega Laureano Palacios en la instrucción de la causa tras asistirlo en el accidentado inicio, no ha podido hasta el momento plantear una hipótesis plausible sobre crimen, capaz de neutralizar al atractivo taquillero del complot. Tal es el telón de fondo sobre el que la oposición, a las puertas de las elecciones, intenta reponer los ecos del traumático Caso María Soledad Morales.
Las lagunas del relato son cubiertas por la imaginación del espectador, pero el recurso de la elipsis, que los guionistas aplican deliberadamente por eficacia narrativa, es inconveniente cuando exacerba la multiplicación de versiones encontradas en tiempo real en el campo político. En esa incierta dinámica están envueltos el Gobierno y el Poder Judicial catamarqueños.
Cuatro meses de pesquisa infructuosa abonaron el terreno para plantar la impresión de que el poder diseñó una maquinaria de encubrimiento debido a que Rojas fue asesinado porque se negaba a respaldar matufias en Desarrollo Social. Las extrapolaciones que el imaginario popular hace a partir de cualquier rumor son directamente proporcionales a las fortunas que mueve la cartera.
Aunque los elementos probatorios para sostener la conjura son endebles, el discurso arraiga no solo por la esterilidad de la investigación de Costilla. Opera sobre todo una indiferencia oficialista en torno al caso que recién se quebró cuando los hijos de Rojas exhibieron en conferencia de prensa las fotos del cadáver de su padre con lesiones incompatibles con la hipótesis de la muerte por causas naturales, que cabalgó durante horas sin que nadie la desvirtuara hasta que Luis Barrionuevo pateó el hormiguero y reveló, a la mañana siguiente del hallazgo del cuerpo, que a su brazo derecho en el sindicato gastronómico de Catamarca lo habían matado.
El sindicalista salió al cruce de la versión del encubrimiento enardecido luego de que los hijos de Rojas mostraran las imágenes del cuerpo masacrado y le reprocharan haberlos abandonado.
Su intervención incluye un elemento muy sólido: si estuviera involucrado en el presunto encubrimiento ¿por qué habría revelado el homicidio? Lo más razonable hubiera sido que dejara que los acontecimientos siguieran su curso hipotético hacia el cierre del expediente por las causas naturales a las que se atribuía el deceso.
Barrionuevo enfocó además a Fernando Rojas, el hijo del malogrado ministro, que empieza a delegar el rol protagónico en el reclamo de Justicia en su hermana Natalia y fue el que levantó las conmocionantes fotografías en la conferencia de prensa. Recordó que fue él quien encontró el cadáver, de modo que vio lo que ahora parece obvio antes que nadie, y que alteró la escena del crimen, limpiándola.
Rojas hijo respondió que lo hizo por indicación de los investigadores.
El recurso de la elipsis, que los guionistas aplican deliberadamente por eficacia narrativa, es inconveniente cuando exacerba la multiplicación de versiones encontradas en tiempo real en el campo político. En esa incierta dinámica están envueltos el Gobierno y el Poder Judicial catamarqueños
Autopsias
La escalada de la controversia tiene como desencadenante el defectuoso desempeño del fiscal Laureano Palacios. Nunca dijo textualmente, es cierto, que la muerte había sido por “causas naturales”, pero sí que no había indicios de violencia que habilitaran suponer lo contrario.
El estado del cadáver, al que el público accedió brutalmente cuatro meses después de su hallazgo, induce a suponer que no lo vio y que ni siquiera entró a la escena del crimen.
Pero más importante es que los resultados de la primera autopsia, que ordenó por sugerencia médica, ya estaban alrededor de las 20 de ese domingo 4 de diciembre y marcaban que Rojas había sufrido golpes y tenía fractura de cráneo.
Barrionuevo tuvo esa información de primera mano apenas concluyó el examen. Cabe suponer que no dijo nada de inmediato a la espera del dictamen de Palacios, y que como no se produjo destapó la olla.
Palacios arguye que la pericia que precipitó las declaraciones de Barrionuevo no era “concluyente” y que por eso ordenó recuperar al día siguiente el cuerpo que había entregado a los deudos de Rojas para hacerle una segunda inspección. Pero las marcas del asesinato ya estaban en la primera y no hizo nada para poner en conocimiento de la opinión pública el dramático giro que tomaba el caso, a pesar de ser miembro del Ministerio Público Fiscal, que en teoría representa los intereses de la sociedad.
La falla del fiscal no parece ser tanto procedimental como política, lo cual en su caso particular es doblemente grave, pues no accedió al cargo por su competencia como jurista, sino por los contactos forjados en su militancia política. Esta actividad, central en su currículum, indispensable para explicar su ingreso al Poder Judicial por la cumbre aunque estuviera exento de precedentes profesionales, no lo dotó de la competencia elemental para advertir que lo que tenía entre manos era nada menos que el asesinato de un ministro y las proyecciones que semejante hecho implicaba. La desconexión con la realidad es insólita.
El Jury al que será sometido se diferencia de un juicio ordinario precisamente por sus componentes políticos, y el dato central en el inicio de la trama es que Palacios desapareció de escena después de decir que no había indicios que habilitaran pensar en una muerte violenta para aparecer recién al día siguiente, después de que Barrionuevo reveló el asesinato.
Tal defección impregnó de sospechas sus disposiciones posteriores. La detención e indagatoria de Silvina Nieva, empleada del gremio gastronómico que mantenía una relación sentimental con el occiso, pareció así más dirigida a tratar de enderezar la investigación torcida en la génesis que a procurar el esclarecimiento.
Como Costilla no encuentra pruebas que incriminen a Nieva, la hipótesis de que se buscaba un chivo expiatorio para descomprimir el flanco político fue a fertilizar las versiones del encubrimiento. Pero Costilla no encuentra elementos para incriminar a nadie, si bien todavía no sustrae ni a Nieva ni a Fernando Rojas de la lista de investigados.
La habilitación del juicio político a Palacios contra la opinión del fiscal del Jury, que lo consideró improcedente y debe decidir ahora si acusa o no, es un reflejo autodefensivo de la corporación judicial en la picota. La pregunta es si le resultará suficiente para absolverse si la investigación penal a cargo de Costilla fracasa y el crimen de “Rojitas” queda impune.
